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Columna
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Indicadores

Durante la comparecencia de Joan Ignasi Pla en el Club Jaime I, y a propósito de las referencias que hice a los indicadores de bienestar social, el profesor Aurelio Martínez, que estaba justo a mi lado, me alertó sobre la validez del modo y manera como se calculan esas varitas mágicas que igual sirven para un roto que para un descosido. Al parecer, después de tantos años de tasas de paro, índices de inflación, precio oficial del dinero, porcentaje de crecimiento, parque de vehículos, viviendas deshabitadas, consumo de energía eléctrica, aumento del salario base, PIB, renta per cápita, poder adquisitivo y otros tantos indicadores talismanes y explicativos, resulta que los únicos que de verdad son incontestables son el Euribor, el IVA y las defunciones (aunque ya hay gente analizando si el aumento de muertes del mes de julio del 2003 no es pura casualidad).

Cuando advertimos que los indicadores numéricos resultaban sospechosos para según quien, la simple observación de lo que ocurre a nuestro alrededor se volvió más elocuente que las cifras; quizás por eso, además de negar los números, algunos políticos se ahorran fijarse bien en la realidad y construyen su propio altavoz de los horrores para alimentación de su ego y reproducción de un estado de crispación que a falta de mejores argumentos mantenga en vilo a sus clientelas.

Ya que los indicadores que nos daban esperanzas y sustos son una quimera elaborada con fórmulas arcanas que no admiten falsificación, y la discusión sobre ellas deviene en discurso de legos necios en el negocio político, quizás convendría buscar otros para ampliar el campo de la perplejidad que produce el debate político. Así, pues, propongo para el modesto ámbito valenciano y con la convicción de quien no duda que ni siquiera le concederán la presunción de la ocurrencia, que averigüemos cuántas multas de tráfico están por liquidar, y cuánta deuda se ha acumulado por año; cuántas viviendas oficialmente vacías están alquiladas -por días, por semanas, por meses, o por años- sin contrato; cuántos estudiantes universitarios empiezan sus carreras en Universidades valencianas y cuántos las concluyen; cómo puede inventariarse el número de obras ilegales no perseguidas por los Ayuntamientos; cuánta gente habita casas construidas a espaldas de la ley; cuántos irresponsables se saltan los semáforos en rojo a diario, si pueden; qué medidas genéricas se han tomado por provincias, por comarcas, o en el global valenciano para comprobar que lo que se construye se ajusta al contenido de las licencias; cuántos expedientes administrativos están dormidos en las estanterías de las diputaciones, consejerías y ayuntamientos; cuántos litros de aceites de motor desechados se quedan por ahí, en la red de alcantarillados; cuánta música se piratea en Internet; cuál es el monto exacto del dinero negro circulante; cuánto le cuesta a la ciudadanía el funcionamiento anómalo de las administraciones públicas; cuántos metros de carril-bici se construyen por día; cuánta agua se consume por habitante y día y cuánta se depura para su reutilización, etc, etc...

Añadiendo centenares de preguntas como éstas a su agenda la oposición podría entretener al gobierno obligándole a buscar en sus cajones datos que o bien están por manipular, o bien son tan secretos que sonrojarían a más de uno. Como todos los actores políticos de aquí son gobierno y oposición a la vez, veo difícil que se entusiasmen en un ejercicio tan arriesgado.

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