El Gobierno de CiU prorroga ahora dos oligopolios que no vencían hasta 2006

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ha decidido renovar antes de las elecciones las concesiones de dos oligopolios del Departamento de Industria que no vencían hasta 2006. El consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, ha dictado una resolución que prorroga otros ocho años -hasta 2014- los contratos de las empresas encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de las entidades de inspección y control industrial (EIC). Él mismo lo explicó ayer en Girona, en la inauguración de una nueva estación de ITV y lo justificó alegando que el actual modelo es "satisfactorio".

El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) coincidieron en criticar la prórroga de las concesiones y consideraron que el Ejecutivo trata de "blindar" a determinadas empresas ante una eventual derrota electoral el 16 de noviembre. No es ésta la única renovación anticipada de importantes contratos que no vencen hasta dentro de unos años: el Ejecutivo también ha adelantado cuatro años la revisión de las concesiones de transporte por carretera, prevista para 2007, y las ha prolongado entre 25 y 99 años.

La empresa más beneficiada por la ampliación de las concesiones de ITV y del control industrial es Aguas de Barcelona (Agbar), que controla dos de las tres empresas acreditadas para las ITV (ECA e Iteuve) y una de las dos de control industrial (ECA).El pasado junio Agbar adquirió el 35% de Emte, empresa vinculada al histórico militante de Convergència Carles Sumarroca. Las otras empresas que ayer vieron renovadas sus concesiones hasta 2014 son RVSA para las ITV e ICICT para la inspección industrial. Esta última empresa y ECA gozaban también de la exclusiva de Medio Ambiente para realizar mediciones de control atmosférico en grandes empresas y compañías eléctricas, aunque ésta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

Fernández Teixidó explicó que el Gobierno estaba obligado a tomar una decisión antes del 15 de enero y consideró mejor prorrogar ahora las concesiones que esperar a la decisión de un posible "gobierno en funciones". El director general de Consumo y Seguridad Industrial, Josep Tous, añadió que con la renovación el Ejecutivo apuesta por el modelo de la concesión en detrimento de la liberalización impuesta por el decreto ley aprobado por el Gobierno central.

El 15 de enero es la fecha marcada por el reglamento del citado decreto ley para ampliar las concesiones actuales o bien sumarse al nuevo modelo liberalizador. En declaraciones a este periódico, Tous quitó trascendencia al hecho de renovar los contratos justo antes de las elecciones: "El 15 de enero seguiremos gobernando [dando por hecho que CiU ganará las autonómicas del 16 de noviembre] y es importante dejar claro que el Gobierno cree en el modelo de concesión", añadió.

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat emitió sendos informes -preceptivos, pero no vinculantes- mostrando reservas ante la oportunidad de renovar ahora las concesiones. El Ejecutivo, no obstante, considera que ambos informes avalan globalmente su decisión.

La Generalitat, que es la que fija la tarifa que las empresas concesionarias pagan a la Administración, prevé aumentar el canon en un 100% en el nuevo periodo. Las tres empresas que realizan las inspecciones de vehículos se han comprometido a facilitar información a la Generalitat de todas las inspecciones y a inaugurar, en los próximos años, nueve nuevas estaciones de ITV, cuatro de EIC y cinco unidades móviles para ciclomotores y motocicletas.

Críticas de la izquierda

Miquel Barceló, diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi, consideró que prorrogar ahora las concesiones es "un acto jurídicamente dudoso y política y moralmente inaceptable". Barceló afirmó que si los socialistas ganan las elecciones harán "todo lo posible" para establecer otro modelo, "que evite las situaciones de privilegio" que a su juicio fomenta el actual Ejecutivo nacionalista.

El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Boada, se mostró indignado con la prórroga: "Nos encontramos ante un Gobierno que en lugar de velar por garantizar la seguridad de los vehículos e instalaciones con el mínimo coste posible, trabaja para que los grandes grupos económicos obtengan los máximos beneficios a costa de los ciudadanos".