La orden no basta

Las dos últimas muertes por violencia doméstica quizás no se habrían evitado con la orden de protección inmediata e integral a las mujeres maltratadas ya en vigor, pues no hubo la imprescindible denuncia previa de la situación familiar que desembocó en tragedia. Pero han actuado como revulsivo para acelerar su aprobación por unanimidad en el Parlamento. El Congreso puso ayer en manos de los jueces un poderoso instrumento legal que, si se utiliza con agilidad y coordinadamente, puede blindar eficazmente a las mujeres frente a sus potenciales agresores domésticos.

El juez podrá acordar en un plazo de 72 horas, y tras la correspondiente denuncia de la mujer que se considere en situación de riesgo, toda una serie de medidas penales y civiles de carácter cautelar contra el supuesto agresor, así como facilitar a la víctima el acceso a las ayudas sociales y económicas previstas para el caso. Salta a la vista que una orden tan compleja, cuyo desarrollo exige una amplia dotación económica y humana, sólo podrá ser eficaz si hay recursos y están bien coordinados.

El Ministerio de Justicia asegura que habrá medios suficientes. Pero esos medios ya deberían estar dispuestos, salvo que se pretenda aplicar la orden de protección con los ya existentes, como una tarea añadida a la plantilla de jueces y policías. Por ninguna parte aparece el presupuesto con el que sufragar los mecanismos judiciales, policiales y sociales que se contemplan. Sería lamentable que por falta de medios y por insuficiente sensibilización de los agentes que tienen que aplicar la medida, la tan esperada orden quedara desvirtuada en la práctica.

Al menos la cuarta parte de las mujeres asesinadas por sus parejas habían denunciado previamente el peligro que corrían. Y más de 27.000 presentaron el año pasado denuncias por malos tratos domésticos en los juzgados. Si esa situación persiste tras la entrada en vigor de la nueva orden habría que empezar a hablar de algún tipo de responsablidad institucional. No basta con legislar, hay que actuar con voluntad y medios materiales para aplicar las leyes.