El Ayuntamiento de Málaga mantiene la concesión de las zonas verdes pese a reconocer las irregularidades
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, del PP, rechazó en el pleno de ayer la petición de IU de suspender cautelarmente el contrato de adjudicación del servicio de conservación de parques y jardines en tanto concluye el proceso judicial abierto sobre las certificaciones irregulares pagadas por el consistorio. El concejal de Medio Ambiente, Bernardo Pinazo, justificó la negativa en que "no existe figura jurídica que ampare la suspensión cautelar" de un contrato, aunque anunció que la intención del Ayuntamiento es no renovar la concesión a las empresas Sando y Urbaser -cada una de ellas tiene asignada las zonas verdes de una parte de la ciudad-, que expira en mayo de 2004.
Según un informe policial, entre junio de 2000 y mayo de 2001 el Ayuntamiento de Málaga pagó 413.125 euros de más de los que correspondía por las prestaciones reales de servicio ya que se le pasaron al cobro certificaciones por trabajos no realizados.
"Nos preocupa que el servicio se siga gestionando por esas mismas empresas que han cometido un fraude y que las personas responsables sigan siendo las mismas, y no sabemos si los intereses generales de este Ayuntamiento están o no bien salvaguardados", explicó el portavoz de IU, Rafael Rodríguez. El PSOE se sumó a la petición de IU "porque no puede existir confianza en estas empresas".
El concejal de Medio Ambiente anunció que se ha abierto un expediente al jefe de sección de Parques y Jardines, Manuel Carlos Martínez González, y que el Ayuntamiento se personará en el procedimiento judicial como "medida de garantía".
Además, Pinazo informó también de que todas las certificaciones desde la concesión de la contrata están sometidas a revisión y que desde que se detectaron las irregularidades, el consistorio ha descontado ya en los pagos a las empresas concesionarias aproximadamente un 20% de la cantidad cobrada indebidamente. Pinazo aseguró que en el actual sistema de pagos hay un "exhaustivo" control para la comprobación de los trabajos realizados y anunció que su departamento prepara ya los pliegos de condiciones para sacar de nuevo el servicio a concurso una vez que expiren las actuales contratas.
Más despejado está el conflicto entre la empresa de limpieza, Limasa, y los trabajadores. El alcalde, Francisco de la Torre, anunció ayer que la parte privada de la empresa -el Ayuntamiento tiene el 49% del capital social- ha aceptado pagar el incremento salarial del 3,5% que debe a los trabajadores desde hace un año, lo que evitará la huelga en el servicio convocada a partir del 1 de agosto. De la Torre aseguró que este compromiso "da una gran tranquilidad a la ciudad".
El Ayuntamiento espera ahora el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre su propuesta de resolver el contrato con Limasa y recuperar la concesión.
