Tres mujeres de etnia gitana denuncian que les impidieron entrar a una piscina

El Juzgado de Instrucción número 1 de Linares (Jaén) ha abierto diligencias contra los propietarios de la piscina Virgen de Linarejos, de acceso público previo pago de entrada, por impedir la entrada a tres mujeres y siete niños de etnia gitana. Las tres mujeres presentaron el viernes una denuncia por entender que habían sido objeto de un "acto racista", y ayer mismo se ratificaron en sus argumentos ante el titular del juzgado linarense, José Luis Delgado. También declararon el propietario de la piscina, Antonio Ruiz, y el portero de la misma, que fue quien les comunicó el viernes que no podían pasar.

Las denunciantes pidieron sin éxito el libro de reclamaciones y requirieron entonces la presencia de la Policía Local para que pudiera testificar que se le impedía la entrada al recinto. El informe policial ratificando este punto ha podido ser determinante para que el fiscal haya pedido abrir la vía penal. Denegar a una persona la prestación de un servicio público por su pertenencia a una etnia o raza se sanciona en el artículo 511 del Código Penal con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial.

Racismo

Isabel Muñoz, una de las tres afectadas, manifestó ayer sentirse "humillada y ofendida" por la actitud de los responsables de la piscina. "Nuestros hijos nos preguntaban por qué no podían entrar como el resto de niños y no sabíamos darle una respuesta", aseguró.

Las denunciantes, que son familia entre sí, fueron respaldadas desde el principio por la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA). "Se trata de un delito de racismo consumado, no es la primera vez que en este lugar se impide el acceso a las personas de etnia gitana", indicó el director regional de FACCA, Luis Guillermo Cortés, que entiende que hay razones suficientes para el cierre de la piscina.

La FACCA pidió la intervención del defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que ayer consideró una "barbaridad" los hechos. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, mostró su reprobación a "cualquier tipo de actuación xenófoba".