Pesadilla de Madrid

La renuncia de los candidatos del PSOE y del PP a presentarse a la investidura abre paso a la celebración de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, aunque ambos partidos difieren en cuanto a la fecha. Con independencia de los fundamentos políticos y jurídicos alegados por cada parte, parece evidente que el PSOE intenta alejar todo lo posible la convocatoria, y el PP acercarla. En la práctica, sin embargo, la diferencia es escasa. Habrá elecciones en otoño.

La cosa habría sido diferente si Simancas se hubiera presentado a la investidura una vez que los dos desertores se comprometieron a votarle. En ese caso el candidato del PSOE habría sido investido y habría mantenido en sus manos la decisión sobre el momento de cumplir su compromiso de disolver, que podría haber sido después de las generales, pasado lo peor de la tormenta. Algo bien legítimo, porque esa investidura habría sido respetuosa con el veredicto de las urnas el 25-M. Pero políticamente sólo hubiera sido viable con la aceptación del PP; es decir, si Esperanza Aguirre hubiera reconocido la legitimidad de la mayoría PSOE-IU para gobernar hasta las nuevas elecciones. Sin ese reconocimiento, era muy arriesgado para Simancas ofrecer, en vísperas de los nuevos comicios, el flanco de que había sido elegido con los votos de dos personas contra las que el PSOE se ha querellado por cohecho.

Al mismo tiempo, el compromiso de los dos pájaros de votar a Simancas deja sin sentido la posibilidad de que Aguirre fuera investida con la mayoría coyuntural resultante de la deserción. Sólo queda, por tanto, la disolución. Simancas propone agotar el plazo de dos meses que marca el Estatuto para los casos de investidura fallida. El argumento invocado es que hay que apurar al límite la posibilidad de que los desertores devuelvan su acta. Sería deseable que lo hicieran, pero es poco probable que ello dependa del tiempo transcurrido. La esperanza implícita es que tal vez en esos dos meses se esclarezca la trama, lo que permitiría al PSOE comparecer a las elecciones en posición menos vulnerable.

En todo caso, el plazo para la disolución se cuenta a partir de la primera votación de investidura. Pero ¿qué pasa cuando no se presenta ningún candidato? La presidenta de la Cámara ha solicitado un dictamen jurídico. Lo que no tiene lógica es que el PP ponga pegas a esa fórmula porque no se ajusta a la literalidad de la norma después de haber defendido que fuera el presidente en funciones quien decida la disolución, y de haber forzado, para adelantar la decisión, una interpretación que reduce de tres meses a seis días la duración del primer periodo de sesiones. Sería un abuso por parte del PP que, después de que los socialistas hayan renunciado a asumir la presidencia, se empeñasen ahora en una convocatoria inmediata, para optimizar la ventaja que objetivamente les concede la deserción. Si no bastasen las razones morales, que piensen en el efecto deslegitimador de los resultados que podría suponer una participación muy inferior a la del 25-M.