El juez llama a declarar de nuevo a Fabra sobre el solar de Renfe en Castellón

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, ha llamado a declarar, por segunda vez, al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, del PP, en la instrucción de la querella presentada por los socialistas por la adjudicación de los antiguos solares de la estación de Renfe. Tras la aparición de un acta municipal, Fabra deberá aclarar si negoció con los interesados un año antes de recalificar los terrenos.

Fabra comparecerá, en calidad de imputado, en el proceso de instrucción de diligencias por la querella presentada por los concejales del grupo socialista, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público, en la operación que acabó en la adjudicación a Calviga, una de las empresas filiales de Lubasa, de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. En este lugar, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés, que ha de comprar a Calviga el solar para la construcción del centro comercial.

El responsable del Urbanismo en Castellón acudirá de nuevo mañana al juzgado después de que el juez recibiera, con aproximadamente un mes de demora, un acta municipal que desvela que un año antes de que se produjera la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que recalificaba los terrenos de Renfe, Alberto Fabra ya mantenía contactos con El Corte Inglés. Según el acta, fechada en junio de 2000, el concejal de Urbanismo explicó que "El Corte Inglés precisa 6.000 metros cuadrados en superficie y 10.000 subterráneos para aparcamientos", condiciones que después se plasmaron en la modificación del PGOU y en las bases que sirvieron para la adjudicación de la urbanización de la zona. Así, el juez ha decidido llamar también a declarar, en calidad de testigo, al director de Expansión de El Corte Inglés, pese a que ésta no era una de las comparecencias solicitadas por la acusación particular. Además, en las diligencias consta también un contrato de venta de un solar que, meses antes de la adjudicación, firmaron Calviga y el centro comercial.

Fuentes de la acusación particular han interpretado que estas nuevas diligencias van encaminadas a aclarar todas las "contradicciones y mentiras en las que ha incurrido el concejal de Urbanismo desde que empezara este proceso, sobre todo en lo relativo a las negociaciones previas con El Corte Inglés y al papel que jugó la constructora Lubasa en todos los trámites previos a la adjudicación". Las mismas fuentes han indicado que "ningún Plan General puede hacerse para beneficiar intereses particulares, sino que debe promover el bien de todos los ciudadanos. En este caso, se hizo al dictado".