Vizcaya suma otro revés a su proyecto para controlar los presupuestos locales
La norma que elaboró la Diputación sigue paralizada cautelarmente en las Juntas
El proyecto de la Diputación de Vizcaya para controlar los presupuestos de los municipios de la provincia sigue paralizado. Su tramitación se suspendió a finales del año pasado después de que el Gobierno vasco interpusiese un recurso ante la Comisión Arbitral. Vizcaya solicitó que mientras se tomaba una decisión se levantase la suspensión cautelar del proyecto de norma. Sin embargo, la Comisión Arbitral ha denegado la petición.
La norma objeto del conflicto pretende establecer el marco presupuestario de todos los ayuntamientos vizcaínos con el fin de ejercer un control sobre la contabilidad de los gobiernos locales. Introduce la idea de las auditorías internas y diversos conceptos sobre técnica presupuestaria para homogeneizar las cuentas de las administraciones. El texto se inspira en tres normas forales idénticas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aprobadas en 1991 y anuladas por el Tribunal Supremo en abril del año pasado.
Sin embargo, la Diputación de Vizcaya entiende que, tras la aprobación del Concierto Económico en febrero de 2002, se dan otras circunstancias diferentes. En septiembre del año pasado, aprobó este nuevo proyecto y lo envió a las Juntas Generales para su aprobación definitiva como norma foral. En cambio, el Gobierno vasco entiende que la Diputación invade sus propias competencias en materia de Hacienda y presentó el recurso, de modo que el proyecto interrumpió su tramitación de forma automática.
Ya que la resolución de la Comisión Arbitral -el organismo que dirime los conflictos de competencias entre las instituciones vascas- puede requerir varios meses, Vizcaya pidió, a través de la Mesa de las Juntas Generales, el levantamiento cautelar de la suspensión. El Gobierno también se opuso a esta decisión. La ley aclara que sólo se puede levantar la suspensión de la norma en caso de darse "circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad". A este respecto, las Juntas de Vizcaya alegan, entre otros argumentos, que con la paralización del proyecto queda "en juego la seguridad jurídica del régimen presupuestario aplicable a las entidades locales vizcaínas para 2003".
Acuerdo amistoso
La Comisión Arbitral, tras deliberar sobre los distintos argumentos, no cree que se dé una situación extraordinaria ni urgente, con lo que da la razón al Gobierno autónomo. El organismo presidido por Manuel María Zorrilla, presidente también del Tribunal Superior del País Vasco, entiende que se producen menos perjuicios manteniendo suspendida la tramitación del proyecto de norma hasta que llegue la resolución final. Esta decisión se espera para dentro de unos meses.
La Diputación de Vizcaya aseguró en su día que intentaría llegar a un pacto amistoso con la Vicelehendakaritza sin esperar a que los juristas tomasen una decisión sobre el conflicto. No obstante, la tramitación del recurso sigue adelante sin que se haya producido ningún principio de acuerdo.
No es ésta la primera vez que la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, gobernados ambos por los nacionalistas, se enfrentan ante la Comisión Arbitral. El anterior conflicto importante sucedió en 1999, en relación con el reparto de las ayudas de la Unión Europea al sector primario. Entonces ambas partes llegaron a un acuerdo, favorable a la Diputación, antes de que el órgano jurídico dictara una resolución.
