El PSOE advierte de "la dilación excesiva" de los recursos de la Junta al Constitucional

La celeridad con la que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la ley de Presupuestos del País Vasco para 2002, atendiendo una demanda presentada por el Gobierno central hace un año, contrasta con "la dilación excesiva" acerca de los recursos planteados por la Junta de Andalucía también en materia presupuestaria. Aunque en el caso vasco la decisión alude más a una cuestión de procedimiento que de contenido "es un hecho empírico que el retraso de los asuntos andaluces es más que ostensible", afirma la vicesecretaria socialista, Mar Moreno, quien apostilla: "Empieza a ser llamativo el retraso".

El Gobierno andaluz recurrió al Tribunal Constitucional las cinco leyes de los Presupuestos Generales del Estado del quinquenio 1997-2001 por considerar que el sistema de financiación vigente en ese periodo lesionaba los intereses de la comunidad. Las dos claves en los que la Junta sustentó estos recursos fueron el no reconocimiento de la población real de Andalucía a efectos financieros -el sistema anterior olvidó a 383.00 habitantes- y la aplicación unilateral por parte del Gobierno de la regla de evolución por la que crecía la principal fuente de ingresos de la comunidad, la PIE (participación en los ingresos del Estado). La Administración autonómica ha estimado que por estos dos conceptos sufrió una merma de recursos que se aproxima a los 4.200 millones de euros (700.000 millones de pesetas) en el periodo 1997-2001. Paralelamente, el Parlamento andaluz también recurrió todos los presupuestos del Estado.

La vicesecretaria general socialista elude enjuiciar políticamente la rapidez con la que se ha pronunciado el alto tribunal sobre los presupuestos vascos de 2002, pero resalta el hecho objetivo de la demora que acumulan las demandas planteadas por la Junta sobre los presupuestos de la comunidad ligados al anterior modelo de financiación. "Es un hecho empírico que el retraso de los asuntos andaluces es más que ostensible", dice Moreno.

Lo cierto es que no se ha resuelto ninguno de los 18 recursos planteados por el Gobierno andaluz al Tribunal Constitucional desde que el PP ganó en 1996 sus primeras elecciones legislativas, la mayoría de ellos por conflictos de competencias.

A juicio de la dirigente socialista, "la dilación excesiva" que se está produciendo "perjudica las propias relaciones entre el Gobierno central y la Junta, porque nada rebaja más la confrontación que el arbitraje de una sentencia". Alude Moreno al reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre la ayuda complementaria de pensiones aprobada por el Gobierno que preside el socialista Manuel Chaves en diciembre de 1998 o a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los fondos presupuestados para la comunidad para 1997. En ambos casos, la razón jurídica cayó del lado de la Junta provocando un cierto efecto balsámico en el enconado diálogo entre las dos instituciones, aunque por el momento con nulos resultados políticos en lo relativo al conflicto de la financiación autonómica.

Mar Moreno opina que los pronunciamientos del Constitucional contribuirían a despejar el panorama político. "Nada clarifica más que una sentencia. Hay materias muy sensibles y trascendentes para Andalucía y, desde mi más profundo respeto al Tribunal Constitucional, sería muy clarificador que las cuestiones planteadas se resolvieran porque rebajaría notablemente las discrepancias". La dirigente socialista apunta que al ritmo actual es posible que las futuras sentencias "afecten a un gobierno que puede que sea de otro partido distinto al actual".

Una fuente del Tribunal Constitucional precisó ayer que la celeridad en la respuesta obedece a que las cuentas del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe "tienen un vicio de origen". Según esta fuente, mientras que el recurso del Gobierno central se basaba en un defecto de forma de los Presupuestos vascos (la aprobación parcial de las cuentas, en vez de la aprobación única de los ingresos y gastos), el recurso de la Junta apunta a una cuestión de fondo. En el caso del País Vasco se valora "la no adecuación de la ley en su forma de aprobación", mientras que el recurso de la Junta obliga al Constitucional a entrar en el contenido de la Ley de Presupuestos del Estado

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, "lo anómalo no es que el Tribunal Constitucional tarde siete, ocho y hasta 11 años en dictar sentencia, sino que se haya pronunciado tan rápido respecto a los presupuestos vascos". El profesor sevillano califica de "encerrona" y "jugada sucia" lo ocurrido con el Gobierno vasco ya que de no haber sido aprobadas sus cuentas para 2003 -por ausencia en la votación del popular Jaime Mayor Oreja-, el Ejecutivo de Ibarretxe se encontraría ahora en una situación insostenible y con unos presupuestos declarados "inconstitucionales y nulos".

El artículo 14 del reglamento del Tribunal Constitucional atribuye al presidente de esta institución, en la actualidad Manuel Jiménez de Parga, la facultad de convocar y fijar el orden de las reuniones del pleno del alto tribunal, en el que se debaten los asuntos que se dirimen. Esto supone que el presidente del Tribunal Constitucional tiene una amplia potestad para decidir los temas a los que se da prioridad, como ha ocurrido en el caso de los presupuestos vascos o en la Ley de Partidos Políticos, que ha permitido ilegalizar a Batasuna.

La última renovación del Tribunal Constitucional se produjo en 2001 y supuso la llegada de Jiménez de Parga, hijo predilecto de Andalucía en 2002. La próxima renovación está prevista para 2004, fecha en la cambiarán cuatro magistrados: dos serán elegidos por el Gobierno del PP y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, en la actualidad de mayoría conservadora.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, aseguró: "No entramos a valorar el tiempo que tarda el Constitucional, pero estamos seguros de que cuando se pronuncie nos dará la razón como en otros casos".