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El consumo de alcohol motiva el 60% de las sentencias penales relacionadas con la droga

Los asuntos de estupefacientes generan más de un tercio de los fallos judiciales

Los asuntos relacionados con la droga generan más de un tercio de las sentencias dictadas al año por los tribunales españoles y pese a que los delitos más ruidosos son los relativos al narcotráfico, éstos sólo representan el 15% de los temas vinculados a drogas ventilados en las distintas instancias judiciales. Como droga generadora de delito, es el alcohol, producto legal, el que se lleva la palma: seis de cada diez fallos judiciales responden a delitos perpetrados por conductores ebrios. Los delitos contra la propiedad cometidos por drogodependientes originan el 20% de las sentencias.

Los datos citados corresponden al estudio Las drogas en la delincuencia y su tratamiento por la Administración de Justicia, elaborado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de Málaga por encargo del Consejo General del Poder Judicial . Los autores de la investigación, Juan Muñoz Sánchez, María José Garrido y Susana García Ruiz, han revisado 37.331 sentencias judiciales dictadas en 1999 por todas las instancias penales, desde el Tribunal Supremo hasta los Juzgados de lo Penal, y analizado las 11.313 que resultaron relacionadas con las drogas.

"Lo que más me ha llamado la atención", explica Muñoz, "es el enorme volumen de asuntos de drogas que se ventilan en los tribunales españoles. En los Juzgados de lo Penal, si se eliminasen estos casos, el trabajo se reduciría a la mitad". Muñoz añade que la investigación contribuye a "derribar falsos mitos como el de la reincidencia, porque según las sentencias analizadas, sólo uno de cada tres acusados por delitos relacionados con la droga tiene antecedentes penales".

Otro tópico contestado por este análisis es el del traficante-drogodependiente. En más del 70% de los casos, los condenados por delitos contra la salud pública carecen de antecedentes de consumo o adicción. El perfil medio del imputado en estos asuntos, que en el 86% de los casos obtiene una sentencia condenatoria, es el de un varón de 32 años.

- Droga y justicia. Los delitos contra la salud pública (tráfico y contrabando) representan una cuarta parte de los ventilados anualmente en el Tribunal Supremo y en las Audiencias Provinciales. Los delitos contra el patrimonio relacionados con el consumo suponen un 10% en estas instancias. En los Juzgados de lo Penal, el 31,3% de los asuntos se refiere a delitos contra la seguridad en el tráfico por consumo de alcohol.

- Duración de los procesos. Año y medio de media entre la comisión del delito y la sentencia en primera instancia. El mismo tiempo entre el recurso ante el Supremo y el fallo.

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- Perfil de los inculpados. Sólo el 49% de las sentencias recoge la edad. La media es de 32 años y el sexo, predominantemente masculino. Sólo el 5% de los imputados es mujer (igual porcentaje que en otros delitos). Entre los imputados por delitos contra la seguridad en el tráfico, sólo el 1,7% es mujer.

- Antecedentes penales. Dos de cada tres acusados por delitos relacionados con la droga carecen de antecedentes. El historial delictivo es habitual en el caso de delitos contra la propiedad motivados por el consumo o adicción, donde lo poseen dos de cada tres acusados. Tres de cada cuatro acusados de delitos contra la salud pública carecen de ellos, y lo mismo ocurre con ocho de cada diez acusados de delitos contra la seguridad en el tráfico.

- Incidencia del alcohol. El consumo de alcohol motiva seis de cada diez sentencias relacionadas con drogas. El 98,8% de los condenados por infracciones de tráfico lo habían ingerido.

- Reincidencia. La agravante de reincidencia se apreció en el 15% de los delitos contra la salud pública, en el 4% de los delitos contra la seguridad en el tráfico y en el 40% de los delitos contra el patrimonio motivados por drogas.

- Condenas. El 86% de los acusados en asuntos relacionados con drogas obtiene un fallo condenatorio. Las condenas afectan a ocho de cada diez acusados de delitos contra la salud pública, a ocho de cada diez acusados de delitos contra la seguridad en el tráfico y a nueve de cada diez inculpados por delitos contra el patrimonio motivados por las drogas.

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