El PSOE acepta elevar a 40 años la pena máxima si se mantiene la reinserción

El PSOE se mostró ayer de acuerdo con la propuesta del Gobierno para elevar de 30 a 40 años el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión en casos de terrorismo y otros delitos de especial gravedad. A cambio, el primer partido de la oposición quiere que el Ejecutivo rectifique y mantenga abierta la puerta de la reinserción. El ministro José María Michavila y el portavoz de justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar, no lograron perfilar lo que cada uno entiende por "cooperación activa" del reo con la democracia como posibilidad para obtener la reducción de la pena y la libertad condicional.

El ministro de Justicia, José María Michavila, acudió a su reunión con el PSOE con datos en la mano: una lista de 17 terroristas condenados a elevadas penas de cárcel que sólo cumplieron el 37% de la condena que los tribunales les impusieron. En su criterio, a partir de ahora los terroristas que quieran acogerse a la reinserción social deberían "ayudar activamente a detener a otros terroristas" y a evitar nuevos atentados. Juan Fernando López Aguilar cree "improbable" alcanzar ese listón y defendió como motivo suficiente para la reinserción del reo que condene expresamente el terrorismo y que haga frente al resarcimiento de las víctimas.

El Gobierno pactó ayer con el PSOE la posibilidad de elevar de 30 a 40 años el máximo de cumplimiento de condenas para terroristas, dentro de la ronda de contactos que Michavila ha abierto con los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar el máximo respaldo al proyecto de reforma penal que aprobará el 3 de enero el Consejo de Ministros.

Tras asumir los socialistas esta propuesta, el ministro accedió a la exigencia del primer partido de la oposición de dejar una puerta abierta a la reinserción, posibilidad negada el jueves por el ministro de Justicia, que habló de "cumplimiento íntegro" de las penas sin posibilidad alguna de reducción por "falsos arrepentimientos". El Ejecutivo admite ahora mantener la vía de la reinserción, pero pretende establecer duras condiciones para exigir a los terroristas arrepentidos una "cooperación activa" en la "defensa de la democracia".

Tras dos horas de reunión, el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, anunció en rueda de prensa conjunta con Michavila que podrán disfrutar de beneficios penitenciarios los terroristas "que se comprometan activamente con su propia reinserción". Para el portavoz del PSOE, eso significa "renuncia a la violencia, condena de la actividad terrorista y compromiso activo al resarcimiento de las víctimas, no solamente pidiéndoles perdón, sino afrontando la responsabilidad civil derivada de sus delitos".

"Está en la Constitución"

López Aguilar puso el acento en la reinserción y no ahorró críticas a las maneras del Gobierno al anunciar estas reformas: "La reinserción es una conquista del sistema democrático y por eso está en la Constitución. El mensaje que el domingo le escuchamos a Aznar de que el etarra que reciba 40 años de condena, 40 años cumplirá, no es aceptable tal cual para el PSOE", advirtió.

Por su parte, el ministro precisó: "En lo que entiendo que ha habido un acuerdo con el PSOE es en garantizar que una persona, si no coopera de manera activa y eficaz contra el terrorismo, cumple íntegramente la condena de 30 años, que puede llegar hasta 40 años". Según Michavila, se trata de que el terrorista coopere activa y eficazmente con la democracia en su lucha contra el terrorismo: "Por ejemplo", dijo, "ayudando con pruebas determinantes a evitar nuevos crímenes y a detener a otros terroristas, o colaborando de manera eficaz y activa en la desarticulación del entramado terrorista".

Michavila insistió en que el Gobierno quiere que cuando se condene a un terrorista o a autores de crímenes singularmente graves, "la condena se cumpla". Además, dejó caer que la limitación de beneficios a aquellos que sustraigan fondos públicos y no reintegren el patrimonio sustraído, alcanzará a quienes cometan "delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores".

El portavoz del PSOE se refirió en todo momento al compromiso en la lucha contra ETA, y dejó para el marco parlamentario las demás reformas que proyecta el Gobierno. Precisó que como el anteproyecto tendrá que ser sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, se abre un periodo de un mes para perfilar las posiciones negociadoras.

Poco después, sin embargo, surgieron las primeras desavenencias. El PSOE exigió trasladar los acuerdos a una reunión del Pacto Antiterrorista. Michavila había afirmado públicamente que el Gobierno estaba en condiciones de hablar con todos los grupos "en el formato que deseen", y expresamente añadió: "También en el ámbito que el PSOE entienda por conveniente". Sin embargo, el secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró que, a su juicio, no procede reunir ahora al Pacto Antiterrorista, porque "no resulta imprescindible una foto en este momento". "La comunicación funciona perfectamente con los interlocutores habituales y no es necesaria una reunión al máximo nivel", argumentó. En todo caso, Arenas no descartó la posibilidad de una reunión "futura" del pacto.

Por su parte, el portavoz de CiU, Manel Silva, mostró al ministro la disposición de su grupo a "dialogar" y "reflexionar" sobre la reforma penal anunciada por el Gobierno. Silva indicó que CiU comparte la preocupación de los ciudadanos sobre la duración de las penas impuestas a los terroristas y por el modo en el que éstas se ejecutan en la realidad. Agregó que su principal satisfacción es que el anteproyecto establezca que ningún delito, por grave que sea, será excluido de la reinserción.

El diputado de Coalición Canaria (CC) Luis Mardones expresó la "disposición total" de su partido a apoyar la reforma. Por su parte, el diputado del PP Rafael Hernando declaró que confía en que "no sea necesario" un nuevo atentado de ETA para que el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, "se decida a apoyar al Gobierno".