Toda la oposición navarra respalda a Sanz en su enfrentamiento con el Gobierno central
El rotundo rechazo del presidente navarro, el regionalista Miguel Sanz, a las pretensiones del Gobierno central de tutelar la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos navarros, limitar la capacidad fiscal de apoyo a la inversión e imponer el carácter finalista del impuesto de hidrocarburos recibió ayer el apoyo de toda la oposición, desde el PSN hasta la suspendida Batasuna.
El Ejecutivo foral se ha plantado ante sus socios del PP y se niega a firmar ningún acuerdo de actualización del Convenio Económico con el Estado, pacto fiscal que se renueva cada cinco años, mientras el PP no renuncie a imponer en el nuevo documento "pretensiones que vulneran gravemente la autonomía tributaria y política del Fuero navarro", en palabras de Sanz.
Toda la oposición apoyó ayer, con algún matiz, la actitud de UPN. El consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, ha convocado una reunión urgente de la comisión navarra negociadora del Convenio para el próximo viernes con el objeto de explicar la situación y consensuar una posición conjunta de la comunidad frente al Ministerio de Hacienda.
Tutela municipal
El Estado pretende aprovechar las negociaciones para introducir una tutela directa de los municipios navarros con el objetivo de garantizar un escenario de estabilidad presupuestaria, extremo que, según todos los partidos de la región, viola flagrantemente la letra y el espíritu del Amejoramiento del Fuero. "Que el Estado pretenda, en una comunidad histórica con la plena autonomía fiscal y financiera de Navarra, controlar el escenario de convergencia presupuestaria de los municipios es una aberración centralista", exclamó ayer Juan Cruz Alli, "propia de un partido como el PP en el que está aún por ver si cree de veras en el modelo autonómico consagrado por la Constitución". Alli es, además de presidente de CDN, uno de los más reputados foralistas de la comunidad.
Respecto a la segunda pretensión de Hacienda -limitar los incentivos fiscales de apoyo a la inversión empresarial de manera que no superen el 50% de los incentivos de normativa estatal- Gobierno navarro y oposición la rechazan tajantemente. Sólo la Unión Europea tiene legitimidad para supervisar la autonomía fiscal de Navarra, y en esa tarea ya ha analizado e incluso sancionado algunas normativas, recuerdan los representantes de todos los grupos opositores.
La pretensión, por último, de atribuir un carácter finalista al impuesto de hidrocarburos para su asignación a gastos sanitarios es ilegal, en opinión de los portavoces políticos navarros. Este impuesto, que recaudará en Navarra 16,2 millones de euros en este primer ejercicio de existencia, está siendo cobrado de forma ilegal por las petroleras, ya que se trata de un impuesto estatal que Navarra no ha regulado aún.
