Dos preguntas sobre el caso 'Prestige'

Como profesores e investigadores de Economía de los Recursos Naturales, de la Pesca y del Medio Ambiente, el vertido de más de setenta mil toneladas de fuel en el litoral y la plataforma pesquera gallego-portuguesa nos obliga a hacer, y si fuese posible ayudar a contestar, a dos preguntas básicas.

¿Estamos ante una catástrofe natural o más bien nos enfrentamos a un atentado contra la naturaleza?

Como en cualquier accidente grave, la respuesta dependerá del punto de vista o del interés de cada uno. Algunos expertos en derecho, seguros, peritaje y otros interesados dirán que el barco cumplía, más o menos, la actual normativa y que un mal día de invierno pasó lo inevitable. Por otro lado, los conocedores de los mercados de productos energéticos, de las estrategias de las petroleras para reducir los costes de los fletes y de los seguros, de su eficiencia aprovechando las distintas legislaciones ambientales, nos dirán que según dónde estemos puede serles rentable ahorrar en seguridad, tiempo, condiciones de navegación, aunque cada cierto tiempo se tenga que producir necesariamente un vertido catastrófico en una cierta ruta (Erika 1999 en Bretaña, Prestige 2002 en Galicia). Puntos de vista.

Pero, desde 1990, Estados Unidos hizo unilateralmente lo necesario para que no pudiera ser rentable este tipo de estrategias y ya no hubo más "catástrofes naturales". Resaltamos tres medidas de su Oil Polution Act: a) no existe límite o tope a la responsabilidad en caso de accidente; b) todo armador que use sus aguas debe proveer una garantía de 1.000 millones de dólares (o, equivalentemente, euros), y c) nombrar un representante en su territorio para, si fuese necesario, poder exigirle responsabilidades civiles. Santo remedio. El crimen no volvió a ser rentable. Y, ya que empezamos a hablar de dinero, llega nuestra segunda pregunta.

¿El que contamina, cuánto debe pagar?

La respuesta, de entrada, es muy breve: todos los daños y, por si acaso, mucho. Porque ¿quiénes son los perjudicados y en qué medida?

Actualmente, desde la economía ambiental distinguimos básicamente tres grupos: los que viven directamente de los recursos naturales (pesca, marisqueo, acuicultura, pero también turismo, hostelería, restauración); los que dependen indirectamente de ellos y de su crédito e imagen de marca (distribuidores, exportadores, transportes, operadores, sector naval), y, por último, la sociedad en su conjunto, que acusa un daño o una pérdida en su patrimonio natural (espacios protegidos, biodiversidad de ecosistemas, paisajes). Todos somos ahora más pobres.

Sin duda, unos necesitan que los Gobiernos les garanticen desde el primer momento de la catástrofe sus rentas; otros, que se combata el descrédito en los mercados; todos, que se limpie concienzudamente y se controle la evolución de los impactos, pero además -todos también- que el contaminador pague todos esos gastos y el daño causado al patrimonio natural.

Sólo esta última partida (daño al patrimonio natural) obligó a la petrolera Exxon a llegar a un acuerdo para pagar 1.000 millones de dólares / euros al Gobierno Federal y al Estado de Alaska por un vertido de 35.000 toneladas de petróleo en el año 1989 (más otros 2.000 millones en descontaminación) basándose en una medición de daños avalada por el premio Nobel de economía K. J. Arrow. En nuestro caso, sólo para el patrimonio natural dañado, si aplicamos la evaluación realizada en Alaska de forma muy conservadora y prudente (corregida por el hecho de que nuestro PIB per cápita es la mitad que el de EE UU, ajustada a la población española, no aumentada por ser el doble de toneladas vertidas al mar, por no ser petróleo, sino fuel -más dañino-, y por la mayor biodiversidad afectada), nos situaríamos ya en los 227 millones de euros en el caso del Prestige.

Pero en la Unión Europea, España y Galicia la responsabilidad está limitada a los 190 millones de un fondo colectivo (FIDAC) y no del armador, disponible si hay "parte amistoso" y sólo para los que viven directamente del recurso. En contraposición, el Estado francés reclamó recientemente, y argumentó, para el caso del Erika (con "sólo" 10.000 toneladas de fuel vertido) por 460 millones de euros. ¿Emulará el Gobierno español y la Xunta de Galicia el impulso francés de reclamar por todos los daños?, ¿o el planteamiento americano de evaluar los relativos al patrimonio natural de todos?, ¿o firmará un "parte amistoso" con el FIDAC y la aseguradora para cobrar unos millones de euros y echar cuanto antes tierra sobre el asunto?

En resumen, el que contamina debe pagar todos los daños y mucho. Lo que quiere decir responsabilidad ilimitada y fondo de garantía de, al menos y para empezar, 1.000 millones de euros para los daños directos y para los sociales. En Estados Unidos parece que tal terapia fue disuasoria al evitar catástrofes que son, en realidad, auténticos crímenes contra la naturaleza y contra las sociedades que los padecemos. ¿A qué espera la Unión Europea?