Sida y patentes farmacéuticas, un paso adelante y dos a los lados

En estos días se escribirá sobre los diversos frentes que es necesario abordar para atajar la sangría del sida en África. De la prevención al fortalecimiento de los sistemas sanitarios en los países empobrecidos, de los avances médicos a la falta de financiación -el fondo global para el sida está todavía en los huesos-. Conviene, sin embargo, fijarse en uno de los factores que más influyen a la hora de impedir el tratamiento universal de los enfermos de sida: las patentes farmacéuticas. Y es necesario hacerlo, porque lo que parecía hace un año ser un avance en la regulación de las patentes, se puede difuminar en las turbias aguas de la presión de las multinacionales.

A pesar de la bajada de precio producida por la presión social y la competencia, los 930 dólares que cuesta una moderna combinación de antirretrovirales en África subsahariana están fuera del alcance de la mayor parte de los países y de los enfermos pobres.

En el calor del juicio impuesto por las multinacionales a Suráfrica, de la decisión de Brasil de impulsar su producción de genéricos y de la campaña internacional de presión pública, las multinacionales acentuaron su actividad a través de donaciones puntuales y reducciones parciales y temporales del precio de sus medicinas. Iniciativas aceptables, aunque sean parches que no resuelven la situación. No reconocieron, sin embargo, que el problema central es el precio. Y se opusieron frontalmente a que ni se tocaran ni se interpretaran de forma abierta los Acuerdos sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Estos acuerdos, que residen en la Organización Mundial del Comercio (OMC), otorgan a las empresas farmacéuticas 20 años de patente sobre sus nuevos medicamentos. Así se blindan las empresas que pueden encarecer dramáticamente los tratamientos para cualquiera, sea pobre o rico.

Los ADPIC son claramente proteccionistas, protegen la propiedad intelectual, algo seguramente necesario en general. Pero hay tantas cosas que proteger que son hoy vulnerables. Y cabe preguntarse por qué cuando se trata de los intereses de los pobres, entonces lo mejor es el mercado libre para todo, pero cuando se trata de los intereses de los poderosos, entonces el proteccionismo entra en acción. Demasiados ejemplos de este doble rasero hay en la economía internacional.

Sin embargo, en la reunión de la OMC de Qatar en noviembre de 2001, la presión combinada de gobiernos y de organizaciones sociales del mundo entero logró que en la resolución se diera una interpretación a los ADPIC más abierta y que prima la salud de las personas sobre los intereses de la propiedad intelectual.

Los países pueden emitir "licencias obligatorias" que les permiten la producción o importación de genéricos bajo criterios, establecidos por los propios países, que tienen que ver con situaciones de crisis o emergencia sanitaria, como es el caso del sida. Esto es un un paso adelante, aunque limitado, ya que la resolución se olvidaba de algo crucial. Permitía la importación, pero no la exportación de genéricos. Con lo cual, países como la mayoría de los de África subsahariana, que no tienen capacidad de producción propia, permanecerán en la misma situación. Hace unas semanas, en otra reunión de la OMC en Sydney se ha contemplado una moratoria que permitirá que se exporten genéricos mientras dure, pero sólo si el Gobierno del país exportador concede la autorización para hacerlo, limitando además esta medida a tres enfermedades y a su aplicación sólo para los países más pobres.

Todo ello reproduce una situación injusta una vez más. Ya que los países desarrollados no dependen de la autorización de un Gobierno tercero, tienen esa capacidad de producción y la utilizan, al menos como herramienta de negociación.

La discusión sigue abierta y es probable que se prolongue hasta la próxima reunión ministerial de la OMC el próximo septiembre en Cancún. De cara a esta negociación, varias organizaciones europeas hemos pedido a nuestros Gobiernos que defiendan una normativa que permita afrontar con posibilidades reales el tratamiento de los enfermos de sida y de otras enfermedades. Que sea justa, permanente, beneficiosa para todos los países en desarrollo, que cubra todos los productos sanitarios y que sea rápida y sencilla de aplicar por parte de estos países. Además, los países pobres no deberían ser presionados para hacer concesiones en otros campos de las negociaciones comerciales, a cambio de mayor tolerancia en los ADPIC. Hablamos de vidas humanas y no de una mercancía negociable.

Los enfermos de sida en los países empobrecidos no pueden esperar. Ni tampoco entender que se antepongan los beneficios de las empresas al tratamiento que pueda salvarles. Ciertamente, la solución no es fácil, se necesitan también más recursos y sistemas sanitarios más sólidos y eficaces. Pero el lastre injusto que supone la combinación de precios imposibles con un blindaje de 20 años debe desaparecer ya.

José María Vera es director del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam.