La policía impide a IU fotocopiar la querella contra el regidor de Aranjuez
La policía local de Aranjuez impidió ayer a Cristina Figueroa, empleada administrativa de este Ayuntamiento y adscrita al grupo de IU, hacer fotocopias de la querella que el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio, ha interpuesto contra el alcalde, José María Cepeda, del PP, y dos tenientes de alcalde, entre otros cargos municipales, por supuestos delitos de corrupción.
El incidente ocurrió en la mañana de ayer, cuando Figueroa, a instancias de un edil de IU, hacía copias del texto de la querella en la máquina fotocopiadora del Consistorio que habitualmente usa el grupo de IU. Los agentes abordaron a Figueroa, le arrebataron las fotocopias que ya tenía en su poder y le prohibieron seguir con su tarea. Paralelamente, la identificaron y levantaron un atestado sobre la acción de esta empleada municipal con la intención de remitirlo al juez.
Fuentes del Ayuntamiento aseguraron que los agentes se limitaron a identificar a Figueroa y levantar un atestado, porque la querella está sub iudice y su posible difusión podía constituir un delito contra la intimidad del regidor y de los demás acusados. "Lo que se ha hecho es elevar el atestado al juez para que acuerde lo oportuno", señalaron estas fuentes, que añadieron que, en la última semana, vecinos de Aranjuez se han dedicado a repartir por los buzones la querella.
Documento público
Fuentes jurídicas aclararon a EL PAÍS que la querella del ministerio fiscal es un documento público cuya difusión "en ningún caso supone un atentado a la intimidad del regidor y los otros querellados". "Al contrario", comentó otra fuente, "aparte de velar por el cumplimiento de la legalidad, otro de los cometidos de la acusación pública es dar publicidad a sus actuaciones; así se recoge en el Estatuto del Ministerio Fiscal". Estas fuentes apostillaron: "Quienes sí han podido cometer un ilícito son los agentes municipales que tomaron la decisión de obstaculizar la actividad de un grupo político legítimamente constituido".
La querella que propició ayer este incidente la interpuso el fiscal Emilio Valerio hace dos semanas, y la tramita en la actualidad el Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad.
El fiscal ha formulado una querella contra el alcalde, José María Cepeda, y dos concejales de su equipo de gobierno, a los que acusa de "formar una trama o grupo económico vinculado a determinadas empresas constructoras". Los delitos en los que habrían incurrido supuestamente son cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La fiscalía sostiene que "el núcleo decisor" de la supuesta trama "parece estar constituido por el alcalde y su hermano Javier Cepeda (teniente de alcalde de Urbanismo), además de Miguel Ángel Gálvez (de Economía y Hacienda), el aparejador municipal José Antonio Segado y el arquitecto José Ángel Lazareno". "La querella no tiene pies ni cabeza, no tengo ningún temor", replica el alcalde.
