La Hispalense desestima la recusación de los cinco expedientados contra el rector

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla desestimó ayer la recusación que contra el rector de la Hispalense, Miguel Florencio, presentaron los cinco estudiantes expedientados por su participación en el asalto al rectorado el pasado 8 de febrero. Con esta decisión del órgano de gobierno se desbloquea el proceso disciplinario y se deja en manos del rector la decisión última sobre el tipo de sanción que se impondrá a los cinco expedientados.

El Consejo de Gobierno desestimó de forma mayoritaria la recusación presentada por los cinco expedientados contra Florencio para evitar que fuese el rector quien decidiera en última instancia el tipo de sanción que se les impondrá su participación en los incidentes ocurridos el pasado 8 de febrero en el rectorado durante la celebración de una Junta de Gobierno relativa a la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Los cinco estudiantes expedientados presentaron esta recusación contra el rector en sus alegaciones al informe del instructor del caso -que propuso la expulsión perpetua de los cinco alumnos- al considerar que Florencio no está capacitado para adoptar tal decisión al ser "juez y parte" en el proceso.

De los 56 miembros que componen el órgano de gobierno asistieron al consejo 50. Cuarenta se mostraron contrarios a la recusación planteada por los estudiantes. Los nueve representantes del alumnado en el consejo de la Hispalense votaron en blanco. El rector, que presentó un escrito en su defensa al consejo, se ausentó de las deliberaciones sobre las alegaciones de los expedientados y se inhibió en la votación.

Resolución

Esta decisión del Consejo de Gobierno de la Hispalense devuelve al rector la responsabilidad de adoptar la sanción que al final se impondrá a los cinco estudiantes expedientados, resolución que el mismo Florencio aseguró que sólo le correspondía a él como máxima autoridad académica de la Hispalense.

Según el secretario general de la Hispalense, Juan Manuel Calero, el hecho de que la recusación al rector haya sido sometida al Consejo de Gobierno obedece a la necesidad de cumplir con este trámite para poder continuar con el desarrollo del caso. Esta medida se adoptó, según Calero, apoyándose en la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en una sentencia del 28 de febrero de 2002.

En ésta, el TS establece que no se puede paralizar un proceso administrativo de este tipo por el hecho de que por encima del rector no exista ninguna figura de mayor rango jerárquico para resolver una recusación. Así, el TS, para garantizar el derecho constitucional de defensa, dictamina que sean los órganos de gobierno de la Universidad los que asuman las competencias que, en este caso, le corresponden al rector como máxima autoridad académica.

Contra la desestimación de la recusación del rector no cabe recurso ante la justicia ordinaria, por lo que la defensa de los expedientados deberá esperar a la resolución del caso para emprender cualquier tipo de acción legal.

Por su parte, una veintena de alumnos pertenecientes al Movimiento de Acción y Participación Universitaria (MAPU) se concentraron ayer en el rectorado para mostrar su rechazo a la decisión del Consejo de Gobierno de desestimar la recusación contra el rector. Los estudiantes escenificaron un sorteo de expulsiones para denunciar lo que consideran un proceso injusto y arbitrario.