Blair anuncia que endurecerá la lucha contra la criminalidad
El primer ministro elude el euro y la reforma de la Cámara de los Lores
Nada indicaba ayer en Westminster que la monarquía británica esté inmersa en una nueva crisis de identidad. Haciendo un paréntesis en la catarata de polémicas provocada por el caso Paul Burrell, la reina de Inglaterra Isabel II inauguró ayer el año parlamentario con la lectura del discurso escrito por el primer ministro, Tony Blair, sobre las prioridades legislativas del año entrante, centradas en la batalla para hacer prevalecer la ley y el orden.
El discurso de la reina eludió muchos de los temas con mayor enjundia política: el Gobierno de Tony Blair no hizo anuncios concretos en varios temas sensibles. Sobre el euro, se limita a decir que tomará una decisión en función de la evaluación que haga el ministro del Tesoro. Sobre la prohibición de la caza del zorro, un viejo compromiso que se arrastra desde la primera legislatura del Nuevo Laborismo, supedita el sentido de la ley al proceso de consultas en marcha, en lo que parece un paso hacia una propuesta de compromiso que no prohíba la caza por completo. Sobre la reforma de la Cámara de los Lores, donde se debe introducir con más o menos peso la elección directa, el Gobierno se limita a decir que evaluará el informe sobre la reforma que está evaluando un comité conjunto.
No hay ninguna mención a la llamada sección 28, una reaccionaria modificación de la ley de Gobierno Local introducida por los conservadores en 1988 en la que se prohíbe defender la homosexualidad. Pero la prensa británica vaticina que la supresión de la sección 28, que puede originar fuertes tensiones entre los tories, será propuesta por el grupo parlamentario laborista.
El grueso de las propuestas de ayer se centran en la lucha contra el crimen desde los más variados puntos de vista. Uno de los proyectos de ley más llamativos, sobre todo para los turistas que visitan el Reino Unido, es la modificación de los actuales horarios de apertura de los pubs, que en su mayoría está limitado de 11 de la mañana a 11 de la noche. La policía podrá conceder licencias de apertura de 24 horas, aunque podrá retirarlas de un día para otro en el caso de desórdenes públicos o molestias a los vecinos.
El objetivo del Gobierno es acabar con los problemas de violencia callejera que se dan en muchas ciudades con la masiva salida de los pubs a la misma temprana hora en todo el país.
Antecedentes penales
Una de las propuestas más polémicas es la reforma del sistema de justicia para permitir que los jueces y el jurado puedan tener acceso a los antecedentes penales de un acusado, a lo que se oponen numerosos expertos y probablemente la Cámara de los Lores, siempre muy sensible al respeto de los derechos de los acusados.
El objetivo del Gobierno es 'reequilibrar el sistema de justicia poniendo en el centro a las víctimas'. Pero ayer mismo se escucharon las primeras voces contrarias: 'No son las víctimas ni los acusados quienes tienen que estar en el centro del sistema judicial, sino la justicia', advertía un experto en la radiotelevisión británica BBC.
Otros proyectos de ley pretenden reformar los tribunales, combatir el gamberrismo, endurecer las leyes sobre delitos sexuales, promover la lucha contra el crimen internacional o la reforma de la policía de Irlanda del Norte. La reforma de la policía es uno de los puntos clave para desbloquear la actual crisis en la provincia, que ha obligado al Gobierno de Londres a suspender temporalmente la autonomía.
Otro de los proyectos de ley anunciados ayer es el que permitirá crear nuevas asambleas regionales en nueve regiones siempre y cuando los ciudadanos de cada región así lo aprueben en referéndum. Aunque con muchos menos poderes que en Escocia, Irlanda del Norte y Gales, la autonomía de estas regiones completará el mapa descentralizador del Reino Unido.
Una huelga peligrosa
Ayer empezó una huelga peligrosa para el Gobierno, para los sindicatos y para los ciudadanos: por primera vez en 25 años, los bomberos británicos están en huelga. Anunciada desde hace un mes y retrasada mientras se apuraba la negociación, la huelga va a poner a prueba la firmeza de un Gobierno empeñado en evitar que el conflicto aliente otras reclamaciones en el sector público: la crisis hace flaquear las arcas públicas justo cuando la reforma de los servicios públicos exige enormes inversiones. Los bomberos exigen un aumento del 40% en sus salarios. El Gobierno, que rechaza frontalmente esa petición y ofrece un 11% en dos años a cambio de reformas que hagan más flexible y moderno el cuerpo, tiene a favor un dictamen teóricamente imparcial que critica el rígido y obsoleto sistema actual. La opinión pública vive el conflicto con sentimientos encontrados. En general la gente adora a los bomberos, pero se sorprende de la brutalidad del aumento salarial que exigen y teme las consecuencias prácticas de la huelga. El Ejército y Protección Civil se encargarán de suplir a los bomberos, que sólo trabajarán en casos excepcionales como un ataque terrorista.
