La legalización de la prostitución en Holanda no logra sus objetivos

Dos años después de la legalización de los burdeles en Holanda, las prostitutas siguen sin mejorar su situación. La nueva ley las obliga a darse de alta como trabajadoras y a pagar impuestos, pero sólo 921 de las cerca de 30.000 mujeres que venden sexo han legalizado su actividad, y en la esfera ilegal se mantiene la trata de mujeres y la explotación de menores. Un informe oficial atribuye el fracaso en parte al desinterés administrativo.

Dos años después de la legalización de su actividad, las prostitutas siguen siendo trabajadoras marginales en Holanda. Los bancos se muestran reticentes a concederles préstamos y las aseguradoras prefieren evitarlas por los elevados riesgos sanitarios que comporta su labor. Muchos municipios, por otra parte, ni siquiera tienen listos los nuevos permisos de explotación de las casas públicas. Así lo constata un informe del Ministerio de Justicia.

El análisis añade que esta falta de coordinación ha favorecido el traslado de menores de edad sin papeles en regla y explotadas por violentos traficantes a zonas del país donde los controles oficiales son menos estrictos. También ha florecido una forma 'autónoma' de prostitución que recurre a las nuevas tecnologías (Internet y teléfonos móviles) para citar a los clientes y ejerce fuera de los burdeles.

Encargado por el Congreso holandés, dominado entonces por una coalición de centro-izquierda, y en el momento en que se levantaba la prohibición de abrir burdeles, el estudio señala que un tercio de los 'varios centenares' de mujeres públicas entrevistadas en salones ya legalizados ha presenciado fraudes fiscales y blanqueo de dinero. Por su parte, también un tercio de los dueños de dichos establecimientos admite que ha cambiado poco la situación de las menores de edad extranjeras y sin visados coaccionadas para que trabajen.

El fisco holandés tiene registrados en estos momentos a 1.285 explotadores de servicios sexuales y a 921 prostitutas. Se calcula que la cifra real ronda las 30.000, pero no hay datos oficiales. Esta carencia dificulta la labor de los inspectores fiscales, que no logran aclarar si los dueños de burdeles cumplen con sus obligaciones tributarias y declaran sus ingresos auténticos.

La situación tampoco mejora cuando las propias prostitutas se presentan como trabajadoras por cuenta propia, pero todo indica que operan a sueldo del explotador. Como además las licencias de los burdeles no han sido otorgadas a la vez en todo el país, muchos ayuntamientos siguen tolerando la prostitución sin haberla legalizado técnicamente. En poco tiempo, esos municipios retrasados en sus obligaciones han visto proliferar formas más sofisticadas de venta sexual que los burdeles o las típicas ventanas de los barrios chinos holandeses.

Servicios de acompañantes y a domicilio -las call girls- aprovechan la telefonía móvil para evitarse problemas. Las citas se pactan en aparcamientos alejados del centro urbano o en las autopistas y todo se hace sin salir del coche. Por otra parte, los burdeles ya legalizados tienen problemas para reclutar personal con la documentación en regla y están perdiendo clientela.

Para evitar que muchas mujeres caigan en peligrosas redes ilegales, y admitiendo que el tráfico de personas es un negocio internacional difícil de erradicar, investigadores del Instituto Verwey-Jonker, autores de un estudio paralelo sobre la situación social de las prostitutas, se preguntan si no valdría la pena suavizar la concesión de permisos de residencia para las prostitutas extranjeras víctimas del tráfico. Así tendrían una situación legal, lo que les permitiría trabajar en los burdeles autorizados, que ahora no pueden contratarlas.

La ley que prohibía la apertura y explotación de burdeles en Holanda, abolida hace dos años, databa de 1911. Sus críticos la calificaban de 'aberración victoriana en un país pragmático', pero las discusiones sobre la nueva norma que legalizaría las casas de citas se prolongó durante casi dos décadas. Para los grupos que apoyan a las prostitutas, los resultados del estudio oficial no suponen una sorpresa. En su opinión, lo mejor sería regular sus derechos para que el trabajo que realizan empiece a dejar de ser un secreto vergonzante para ellas y para sus familias.