El portavoz del PSOE denuncia un intento de soborno en Estepona
El ex alcalde de Estepona y actual portavoz socialista, Antonio Barrientos, denunció ayer un intento de soborno de 1,8 millones de euros para que retirara su recurso contra una licencia de obra autorizada por el Ayuntamiento al ex primer teniente de alcalde del GIL en Marbella, Pedro Román. Barrientos explicó que con la excusa de interesarse por una finca de su familia en la zona de Arroyo Vaquero 'el lunes o el martes de la semana pasada, dos personas, de nombre Juan José y Francisco, me dijeron que se podía hablar de 1,8 millones de euros para que no se paralizara la licencia'. El ex alcalde añadió que ignora 'si venían de parte del señor Roman o de los concejales que se iban a llevar la comisión'. En todo caso, la licencia fue anulada el viernes por el actual equipo de gobierno.
Este asunto afecta a un terreno de 17.900 metros cuadrados en primera línea de playa, según la información facilitada ayer por el concejal socialista. La primera licencia se concedió en 1992, para construir 135 apartamentos. 'Con el PGOU de 1994 allí sólo se podían hacer 40 viviendas, pero en el año 2000 no se había iniciado ninguna obra, y se inició un expediente para anular la licencia. El 23 de marzo de 2001, la comisión de gobierno, con los votos del PSOE, PP, PA e IU, ratificó la caducidad de esta licencia', añadió.
Barrientos fue desplazado de la alcaldía el 10 de noviembre de 2001, por una coalición formada por los cuatro concejales del PP y siete ediles elegidos en la lista que encabezó Jesús Gil Marín. 'El 24 de mayo de este año, cuatro días después de que lo solicitara Pedro Román el actual equipo de gobierno, con una celeridad extraordinaria, reactivó la licencia primitiva, en una operación que incluía una aportación voluntaria de Román de 600.000 euros'.
Respuesta
La vicesecretaria de Política Municipal del Partido Popular en Málaga, la senadora Pilar Jurado, 'retó' ayer a Barrientos 'a que ponga en conocimiento de la Fiscalía la denuncia realizada a través de los medios de comunicación'. Jurado añadió, en una nota distribuida por su partido, que 'el PP se compromete a ayudar en el esclarecimiento de la denuncia y se personará al lado de Barrientos si éste tiene pruebas para eliminar cualquier vestigio de presunta corrupción'. Por el contrario, la senadora consideró que la denuncia sería 'temeraria' si el ex alcalde no tuviera pruebas.
La alcaldesa, Rosa Díez (PP), también pidió a Barrientos que vaya a la Fiscalía, 'si no, los que vamos a ir somos nosotros, porque no pasa una semana en la que no haga una denuncia de supuestas irregularidades urbanísticas, pero nunca aporta pruebas'. La alcaldesa explicó que 'el 24 de mayo se ratificó la licencia de 1992 porque un técnico municipal certificó que se habían iniciado los obras y ahora [el pasado viernes] la hemos denegado por un informe posterior de dos arquitectos del Ayuntamiento. Los propietarios sólo pueden hacer ahí ahora 40 apartamentos, para los que tendrán que pedir nueva licencia'.
