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Reportaje:

El 'corralito' atrapa a Duhalde

Tras el fracaso del canje de depósitos por deuda, los titulares de Economía y del Banco Central se pelean en público

Alejandro Rebossio

Tras el magro canje de depósitos por deuda, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, se pelean por imponer otra solución al corralito e intentan convencer al FMI y al presidente Duhalde de que su opción es mejor. Ninguna alternativa resulta ideal y detrás de ellas se agitan los temores a una hiperinflación, una caída descontrolada de los bancos, la profundización de la depresión, la impopularidad de un Gobierno que no devuelve el dinero del pueblo y el aumento de una deuda pública que se ha dejado de pagar en diciembre pasado.

El Gobierno no logra desarmar el corralito, paso previo a la reestructuración y normalización del sistema financiero, necesario para reactivar la economía. Del canje se concluyó que los ahorradores confían más en que los bancos les devolverán sus depósitos en pesos a la vista (cuentas de ahorro) y a plazo (que se liberarán entre 2003 y 2005), que en los bonos en dólares de un Estado en suspensión de pagos. Algunos bancos desalentaron el canje porque se comprometieron a devolver los depósitos, como algunos estatales, o porque esperaban que el Gobierno terminara por imponer un canje forzoso. Otros, en cambio, intentaron quitarse de encima la mayor cantidad de depósitos. BBVA Banco Francés canjeó el 32% de sus depósitos, por encima del 24% de media, y del 17% del Banco Río, filial de SCH.

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Recurso judicial

Una de las principales razones de la moderada adhesión al canje radica en que 200.000 ahorradores esperan que la justicia les acepte sus recursos de amparo y puedan recuperar su dinero congelado. Esta posibilidad constituye la mayor preocupación de la banca y del Ministerio de Economía. En junio y julio, los jueces permitieron que los depositantes retiraran 1.700 millones de pesos (459 millones de euros) y Economía teme que otros 6.000 millones (1.621 millones de euros) se liberen por esta vía entre agosto y diciembre. Las entidades financieras no cuentan con recursos suficientes para afrontar esta suma. El Banco Central debe dejar de asistirlas porque el aumento de la emisión monetaria se traducirá en alzas de la inflación y de la devaluación, pues los ahorradores acuñan dólares en tiempos de inestabilidad.

El presidente Duhalde ganó tiempo al firmar esta semana un decreto que suspende por 180 días la ejecución de las sentencias de recursos contra el corralito. Hasta febrero no se podrán retirar más ahorros, siempre que la justicia no declare inconstitucional la medida. Una juez ya lo hizo. La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, cuyos polémicos miembros negocian un fallo favorable al decreto a cambio de que el gobernante Partido Justicialista (peronista) desista en su intento de que el Congreso los lleve a juicio político, según la prensa argentina. El problema radica en que las sentencias favorables a los recursos se irán acumulando y en febrero la banca deberá devolver todo el dinero de una vez.

El decreto responde a los planes de Lavagna, ex funcionario del Gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989) y con escaso apoyo en el peronismo. El ministro de Economía siempre ha rechazado un canje forzoso de depósitos por bonos, tal como sugería el FMI, no sólo por impopular, sino porque incrementaría un endeudamiento público que asciende a 141.000 millones de dólares. En cambio, propone liberar gradualmente los 20.000 millones de pesos (5.405 millones de euros) en depósitos a la vista, comenzando por los exportadores y los pequeños ahorradores. En cuanto a los depósitos a plazo, el ministro estudia la posibilidad de reabrir el canje voluntario por títulos públicos. Confía en que la suspensión de los juicios contra el corralito despertará interés por los bonos. Por último, Lavagna propone crear nuevas cuentas descongeladas, que los bancos deberán garantir con seguros en el exterior.

La máxima autoridad monetaria, Pignanelli, y la banca se oponen al plan de Lavagna. Pignanelli, vinculado al peronismo, recomienda liberar ya los depósitos a la vista. El ministro de Economía considera que una apertura del corralito inmediata, cuando Argentina aún no selló un acuerdo de asistencia con el FMI, provocaría que el dinero descongelado se destine a comprar dólares. El peso se devaluaría aún más y el Banco Central gastaría reservas para sostener la moneda, según un informe de la Fundación Capital. Las reservas líquidas del banco se han reducido de 19.063 millones de dólares en julio de 2001 a 9.456 millones hoy. Lavagna pronostica que la apertura del corralito desencadenaría ahora una hiperinflación.

Pignanelli también propone liberar en diciembre, en vez de marzo, los depósitos a plazo por menos de 10.000 pesos, lo que beneficiaría al 78% de los ahorradores. Confía en la promesa de la banca de aportar fondos a sus filiales. El informe de la Fundación Capital descarta capitalizaciones antes de que las entidades tengan la seguridad de un acuerdo con el FMI y un plan viable para sanear el sistema. Además, las entidades también piden redescuentos (créditos) del Banco Central, lo que no se contempla en la pauta anual de emisión de 7.100 millones de pesos (1.918 millones de euros).

Duhalde debe inclinarse por una salida u otra, pero su temor a la hiperinflación lo acerca a Lavagna. También debe pronunciarse la comisión que envió el FMI para estudiar el programa monetario, punto clave para un eventual convenio y para la descongelación de depósitos. Pero la resolución del corralito constituye sólo el inicio de una reestructuración bancaria. Los analistas consideran que se necesita de un plan, como los aplicados en las crisis de Corea o Indonesia en 1997, para evitar un derrumbe caótico de entidades.

Algunos datos positivos

La coyuntura económica muestra, de todos modos, algunos datos positivos. El Banco Central ha reducido la emisión que destina a sanear las cuentas públicas y sostener a las entidades financieras: de 2.000 millones de pesos (540 millones de euros) de media mensual entre febrero y mayo pasados a 800 millones de pesos (216 millones de euros) en junio y julio. La política monetaria más restrictiva permitió sujetar el peso prácticamente en el mismo nivel (3,70 por dólar) en los últimos dos meses, después de una devaluación del 72% desde la liberación del tipo de cambio en enero. Las expectativas de los empresarios mejoraron por el anuncio de que las elecciones presidenciales se adelantarán de septiembre de 2003 a marzo próximo, lo que reduce el tiempo de incertidumbre. La recaudación de impuestos crecerá el 15% en julio, según cálculos oficiales, por el efecto de la inflación (30% en seis meses) en el IVA y por los nuevos tributos a la exportación. Por último, la actividad industrial cayó el 15% en el segundo trimestre respecto del mismo periodo del recesivo 2001, pero en junio creció por tercer mes consecutivo en relación con el mes anterior, una tendencia inédita desde 1999, lo que supone un indicador de que la crisis manufacturera puede haber tocado fondo. Sin embargo, el paro ascendió del 18,3% en octubre al 21,5% en mayo. Con este marco econonómico se ha encontrado esta semana Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, como integrante de la comisión de cuatro notables enviada por el FMI para analizar el programa monetario de Argentina, decisivo para un acuerdo de asistencia. Lo acompañan el gerente general del Banco Internacional de Pagos de Basilea, el británico Andrew Crockett; el ex presidente del Banco de Canadá John Crow, y el ex titular del Banco de Alemania Hans Tietmeyer. En una semana ofrecerán su veredicto. Lavagna confía en que lo apoyarán y sueña con firmar a fines de agosto un pacto con el FMI, que postergue por un año los vencimientos de la deuda con organismos multilaterales. Pero la número dos del Fondo, Anne Krueger, advirtió el martes en Brasil de que los argentinos 'no están en condiciones de recibir un apoyo financiero'.

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