'La ONU no aceptará la propuesta de EE UU'

La Corte Penal Internacional comenzó su andadura el 1 de julio reforzada por una oleada de países que han ratificado su Estatuto y lastrada por la actitud de Estados Unidos. La Administración de George Bush no sólo ha retirado la firma al tratado de Roma de 1998, que Bill Clinton escribió cuando estaba a punto de dejar la Casa Blanca, sino que exige que esta justicia global no se pueda aplicar a militares y funcionarios norteamericanos, comenzando por los cascos azules. Si no se atiende a su exigencia, amenaza con el veto a todas las misiones de paz de Naciones Unidas.

Juan Antonio Yáñez, embajador de España para la CPI, evalúa el conflicto y las perspectivas con las que nace la Corte.

'EE UU entenderá algún día que la CPI puede resultarle útil y provechosa'

Pregunta. ¿Qué opina de la actitud norteamericana?

Respuesta. Hay que intentar comprenderla. Estados Unidos está muy imbuido de su posición de superpotencia única, con todas las responsabilidades que ello comporta, pero no puede pretender ejercer el liderazgo en materia de derechos humanos y justicia internacional sin aceptar algunos riesgos y exigiendo inmunidad total para su propia gente. Ese doble rasero no está dispuesto a aceptarlo el resto de países.

P. ¿Cree usted que Washington terminará cediendo?

R. No me atrevería a decir tanto, pero sí estoy convencido de que el Consejo de Seguridad de la ONU no aceptará la actual propuesta de Estados Unidos. Podría hallarse alguna fórmula intermedia, y ya se trabaja sobre algunas, pero para que lograse mayoría en el Consejo, la solución debería ser acorde con lo establecido por el Estatuto de la CPI. Lamentablemente, la actitud norteamericana va ahora mismo más allá de lo que éste estipula.

P. ¿Qué opina de la reciente carta de Kofi Annan a Colin Powell en la que intentaba superar el bloqueo?

R. Es una advertencia muy seria a Estados Unidos, porque en ella se señalaba el riesgo de desacreditar al Consejo de Seguridad y se ponía énfasis en que está en peligro el conjunto del sistema de mantenimiento de la paz por las fuerzas de la ONU, del que Washington forma parte fundamental. Porque no se trata tan sólo de la misión en Bosnia. El problema va mucho más allá y se extiende a todas las operaciones de los cascos azules en el mundo. Por eso es urgente encontrar una solución, en los próximos días o semanas. El compromiso parece difícil, porque Estados Unidos ha lanzado un órdago que incluye el veto a las operaciones de paz en sí, pero, antes o después, habrá que encontrar un entendimiento, un modus vivendi.

P. El conflicto no sólo se manifiesta en la ONU. También tiene su reflejo en la conocida como ley para la invasión de La Haya que, al menos teóricamente, permitiría a Estados Unidos intervenir militarmente en el exterior para rescatar a sus nacionales procesados por la CPI.

R. Efectivamente. La Unión Europea ya ha criticado esa ley, que, por cierto, aún no ha sido promulgada. La preocupación procede no sólo de lo que usted señala, sino también del hecho de que amenaza a cualquier país que obedezca una orden del tribunal, prevé sanciones a los países que ratifiquen el Estatuto de la Corte y prohíbe a jueces, fiscales y funcionarios norteamericanos colaborar con ella. Sería una auténtica declaración de guerra a la CPI. Afortunadamente, se ha introducido una cláusula que permite a la Administración no aplicar la ley cuando se considere que eso perjudicaría al interés nacional de EE UU.

P. ¿Podrá la CPI cumplir sus objetivos con la hostilidad activa de EE UU?

R. La Corte funcionará pese a quien pese. Tiene la legitimidad y los apoyos necesarios, pero, evidentemente, no lo hará con la misma eficacia y alcance que si tuviera el respaldo norteamericano. Personalmente, estoy convencido de que llegará el momento, más pronto o más tarde, en el que EE UU se dará cuenta de que, en determinados casos, le será útil y provechosa la CPI.

P. O sea, que no desespera de que Estados Unidos ratifique algún día el Estatuto del nuevo tribunal internacional.R. Desde luego que no, aunque eso tardará en ocurrir. Recuerde que, por ejemplo, la ratificación por el Senado del convenio contra el genocidio se retrasó 40 años.

P. ¿Habría sido posible la CPI sin el impulso de la Unión Europea?

R. Posible, sí, pero no se habría llegado tan lejos.

P. ¿Habrá algún juez español en la Corte?

R. Me parecería muy lógico. España es uno de los principales países promotores de la CPI, tanto en el terreno político como en el económico. Es el sexto país contribuyente, con aproximadamente el 5% del presupuesto, por detrás tan sólo de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá.

P. ¿Tendrá que adaptarse la legislación española?

R. Será necesaria una ley orgánica para regular la cooperación con la Corte, al igual que se hizo para los casos de los tribunales sobre Yugoslavia y Ruanda. También habrá que incorporar, en lo que se refiere a la CPI, los delitos contra la administración de justicia, de testimonio falso y de corrupción. Además, se revisará el Código Penal para incorporar los delitos de lesa humanidad a los ya existentes de crímenes de guerra y genocidio.

P. Si Bin Laden cayese en manos de un país que haya ratificado el Estatuto de la CPI, ¿qué ocurriría? ¿Lo entregaría a EE UU?

R. Hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que la jurisdicción de la Corte no es retroactiva, no afecta a delitos cometidos antes del 1 de julio...

P. Pero se supone que Bin Laden, si sigue vivo, no está de brazos cruzados.

R. El segundo factor es que el Estatuto de la CPI estipula que sus jurisdicciones es complementaria de las de los países y que sólo actuará cuando éstos no lo hagan o estén incapacitados para hacerlo.