El PP rechaza derogar un decreto que la oposición achaca al talante autoritario de Aznar
El PP impuso ayer su mayoría absoluta para rechazar sendas proposiciones no de ley del PSOE y del Grupo Mixto en el Congreso que reclamaban la derogación del real decreto ley aprobado unilateralmente por el Gobierno para reformar por la vía de máxima urgencia el sistema de prestaciones de desempleo. El primer debate parlamentario de los tres que se desarrollarán esta semana en la Cámara baja sobre las consecuencias del decretazo y de la huelga general sirvió ayer para confirmar las posiciones firmes por un lado del Gobierno en la defensa de la necesidad de esas medidas y de la oposición progresista al culpar del paro y de la ruptura del clima de consenso social al talante 'autoritario, neoliberal y conservador' del presidente José María Aznar.
La discusión sobre el decretazo y el paro proseguirá hoy en la sesión de control al Gobierno, aunque el debate más amplio se producirá el jueves, cuando se someterá la convalidación del decreto para su tramitación como proyecto de ley por la vía parlamentaria. Algunos partidos, sobre todo Coalición Canaria y CiU, que están negociando algunas mejoras a ese proyecto en ese proceso a cambio de su apoyo para no dejar solos al PP, justificaron así no decantarse ayer públicamente en contra del decretazo, un método que también deploran como poco democrático. Reserva que el PSOE interpretó como 'cobardía'.
'Propaganda del PP'
Las propuestas del PSOE y del BNG, por tanto, contaron únicamente con la adhesión de IU, del PNV y de parte del Grupo Mixto. Es decir, de 120 y 122 diputados. El PP las derrotó con 171 y 169 votos. Pero ese resultado no amilanó al portavoz socialista, Ramón Jáuregui, que intentó desmontar las 'mentiras' deslizadas en estos días por los 'mecanismos de propaganda del PP y del Gobierno' sobre que el decretazo no recorta ninguna prestación social en vigor. Jáuregui calificó como muy graves 'los retrocesos y regresiones' que provocará esa norma en los trabajadores fijos discontinuos que pierden el derecho al desempleo, los prejubilados que no cobrarán subsidios, los nuevos trabajadores del PER en Andalucía y Extremadura o los afectados por el abaratamiento del despido con la supresión de los salarios de tramitación.
Jáuregui cuestionó la 'criminalización' de los parados como 'pusilánimes o vagos' que se contentan con cobrar subsidios de 20.000 o 50.000 pesetas realizada por Aznar; negó que exista un problema de fraude en el Inem y achacó la culpa del decretazo a la 'apuesta política' de Aznar para 'dar una señal de autoridad' con la que 'liderar el pensamiento neoliberal y conservador europeo'.
