Vandalismo impune

El próximo sábado, día 6, se cumplen diez años de la creación de la Comisión Nacional contra la Violencia. El organismo, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), estaba previsto en la Ley del Deporte y su constitución se aceleró como reacción de las administraciones públicas al trágico suceso que le costó la vida a un muchacho de 13 años en Sarrià, el viejo estadio del Espanyol, en marzo de 1992.

En los prolegómenos de un partido Espanyol-Cádiz, una bengala de las utilizadas para pedir socorro en el mar, provista de una carcasa de protección en su punta, cruzó el campo a lo ancho y se incrustó en el pecho de Guillermo Alfonso Lázaro, que murió desangrado. 'Parecía el impacto de un obús', afirmó uno de los médicos que atendió al joven aficionado, que se encontraba junto a sus padres.

Antes, en abril de 1985, un suceso similar, ocurrido en un Cádiz-Castellón, no provocó tanta reacción en los poderes públicos. Un aficionado murió también por el impacto en su pecho de una bengala. Los dos responsables fueron condenados a 12 meses de prisión y el Cádiz fue considerado responsable subsidiario.

El objetivo de la Comisión era la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, que iba en aumento, sobre todo en el fútbol, de la mano de los grupos ultras. Pero, un decenio después, los sucesos del pasado derby sevillano, en el estadio Ruiz de Lopera, demuestran que los esfuerzos de la Comisión, la Liga de clubes y la Federación han tenidos escaso éxito.

Antes del inicio del Betis-Sevilla y durante sus primeros minutos, un individuo, todavía pendiente de identificar por parte de la policía, lanzó desde el segundo anfiteatro y con un rudimentario dispositivo hasta 13 cohetes contra los aficionados más radicales del Sevilla, instalados en el tercer anillo de la grada.

La tragedia se evitó en esta ocasión por la escasa entidad de los cohetes que, inexplicablemente, el energúmeno logró colar en el campo bético. A diferencia de la potencia de las bengalas de salvamento marítimo, los proyectiles utilizados esta vez llegaron a su objetivo apagados en su mayoría.

Aparte del uso de artefactos pirotécnicos, otras dos circunstancias establecen inevitables comparaciones entre los dos sucesos, separados por una década. Quienes lanzaron las bengalas en Sarrià, Francisco Vila y José Marsán, de 39 y 59 años respectivamente, eran ajenos al movimiento ultra y habían acudido al partido acompañados por sus hijos. Por la zona en la que se produjo el lanzamiento en el estadio verdiblanco, el agresor tampoco está aparentemente relacionado con los grupos más radicales de la afición bética.

Rápidamente, ambos clubes intentaron escurrir el bulto. Al día siguiente de la muerte de Guillermo Alfonso en Sarrià, el entonces presidente del Espanyol, Julio Pardo, aseguró, para exculpar a su entidad, que era 'imposible cachear a 30.000 personas'.

Pese a la obligación actual de las sociedades deportivas de controlar el acceso a los estadios mediante tornos y guardias de seguridad, el portavoz del Betis, Juan Luis Aguado, dio la semana pasada la misma excusa que Pardo en su día con la única variación de la cifra, que creció hasta las 50.000 personas. 'Si se colaron los terroristas en los aviones el 11-S, cómo no se nos va a colar uno en un campo de fútbol', aseguró otro miembro del consejo de administración del Betis.

El Espanyol, eso sí, terminó siendo condenado como responsable civil subsidiario de la muerte del chaval a una multa de 42 millones de pesetas de entonces.

Pese a los esfuerzos de la Comisión, las agresiones se han seguido produciendo en España, aunque habitualmente ligadas a la actividad de las peñas ultra de los equipos, con unos 10.000 miembros en todo el país, según los cálculos efectuados por el Ministerio del Interior.

Al margen de las ya desgraciadamente habituales rotura de lunas de los autobuses de los equipos rivales, las invasiones del césped, los lanzamientos de objetos y los enfrentamiento entre grupos ultra en los alrededores de los estadios, un suceso resalta especialmente por encima de los demás. El asesinato en diciembre de 1998 de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad, por una cuchillada de un miembro de Bastión, un grupo radical del Atlético de Madrid, causó una conmoción en el mundo del fútbol similar a la producida por la muerte de Guillermo Alfonso, aunque por ocurrir en los aledaños del estadio Calderón su investigación y castigo no afectó a las instancias deportivas.

En el Santiago Bernabéu otro incidente mostró el grado de barbarie de los ultras españoles a toda Europa. En un Real Madrid-Borussia Dortmund de la Liga de Campeones de 1998, los Ultra Sur derribaron una portería dando tirones a la red situada tras ella. Ese mismo año, las celebraciones de la séptima Copa de Europa madridista terminaron con una batalla campal en la Cibeles entre ultras y policías.