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Reportaje:

Las autonomías se estrellan contra la mayoría absoluta

El Gobierno 'tumba' en el Congreso de los Diputados todas las leyes de Cataluña que el PP votó en el Parlament

Los Parlamentos autónomos sólo han conseguido que se admita a trámite una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura. Si desde que se reinstauró la democracia han prosperado 17 proposiciones de ley de las 108 enviadas por las autonomías, y cinco de ellas durante la primera legislatura del PP, la mayoría absoluta ha esquinado esta vía legislativa. El Parlamento catalán, el más activo en estos envíos, se ha encontrado con el rechazo de todos los textos que fueron aprobados en Cataluña por el PP.

'Se nota la mayoría absoluta', resume Jordi Jané, diputado de Convergéncia i Unió, al explicar qué ha pasado en lo que va de legislatura con las 17 proposiciones de ley que han enviado al Congreso los Parlamentos autónomos con la pretensión de que se convirtieran en leyes. El Parlamento catalán ha presentado 12 de esos 17 proyectos. Todos venían con la garantía de haber sido aprobados en Cataluña con los votos, incluso, del PP, pero aquí han chocado con la mayoría absoluta.

Sólo una de las 17 iniciativas presentadas por las autonomías ha sido admitida a trámite
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De los tres proyectos que aún están a la espera del dictamen del Gobierno, uno de ellos, el que pide la modificación de la ley de Haciendas Locales para que las empresas de telecomunicaciones y de cable paguen un canon a los ayuntamientos, se verá en el primer Pleno de marzo. CiU teme que esta proposición tampoco salga adelante pues, como enmienda a los Presupuestos, ya la han planteado sin éxito dos años consecutivos. Las otras dos que esperan el dictamen del Ejecutivo antes de ser debatidas en el Congreso (ver cuadro) fueron aprobadas por unanimidad en el Parlament.

Claro que también tuvieron el respaldo unánime del Parlament cuatro de las cinco proposiciones que ha rechazado el PP cuando han llegado al Congreso. La última, que dejó al PP catalán en una situación muy incómoda, pedía la creación de un fondo para la subvención de los peajes.

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En junio de 2000 en el Parlament, la diputada del PP y vicepresidenta de la Cámara Dolors Monserrat defendió ese proyecto con frases como éstas: 'Aquí se ve sobradamente cuál es la intención o el interés de nuestro grupo parlamentario: poder negociar y conseguir esta homogeneización y el rescate selectivo y la subvención de los peajes que, evidentemente, en Cataluña nos merecemos desde hace muchos años'; 'Creo que es bueno que esta propuesta llegue al Congreso para que conozcan nuestra sensibilidad, como diputados y como grupos parlamentarios, que estamos al lado de la ciudadanía'.

La propuesta llegó al Congreso de los Diputados justo un año después, el 12 de junio de 2001. Pero Monserrat no acudió ese día a defenderla. En nombre del PP intervino Andrés Ayala en estos términos: 'El proyecto tiene vacíos importantes y, a mi juicio, carece del rigor jurídico imprescindible'; 'La proposición es inoportuna en el marco de la política general del Gobierno de la nación'.

Éste y los demás rechazos constituyeron un auténtico mazazo para el PP catalán, que en su último congreso regional (septiembre 2000) y de la mano de Josep Piqué dio teóricamente un giro catalanista. Cada vez que una propuesta unánime del Parlament ha sido rechazada en el Congreso ha puesto en apuros al PP de Cataluña y todos los partidos se han burlado de su falta de autonomía y de su teórico giro catalanista. Y es que el PP catalán respaldó todas las proposiciones de ley presentadas en el Congreso por el Parlament a excepción de la que solicitaba modificar la ley del Poder Judicial.

CiU destaca que entre los rechazos cosechados en esta legislatura hay textos heredados de la anterior que tenían el visto bueno del Gobierno pero que no dio tiempo a tramitar. De ellos, el más querido para los nacionalistas era el que incorporaba las lenguas cooficiales en el DNI y el pasaporte. Fue rechazado el pasado febrero.

El argumento del Gobierno fue que no era necesaria una ley para regular ese asunto y que lo haría por decreto. Y, en efecto, lo hizo a finales de año. Hasta entonces, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, hacía gala de llevar el DNI caducado. Ya se lo ha renovado.

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