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Más de 400 empleados de Enron acusan a los directivos de 'trileros' en una querella

Bush declara que la quiebra de la firma energética es un 'caso empresarial y no político'

Enric González

El caso Enron puede desembocar en una extraordinaria maraña judicial. Más de 400 empleados y antiguos trabajadores de la compañía energética, que el pasado 2 de diciembre cayó en la bancarrota más voluminosa de todos los tiempos, presentaron ayer una demanda contra los principales directivos en la que se acusaba a éstos de 'trileros', y en la que se incluía también a Arthur Andersen como firma auditora. Un grupo de accionistas ya demandó anteriormente a 29 ejecutivos de Enron y otras causas se encuentran en preparación.

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En el horizonte inmediato se dibuja otro tipo de conflicto jurídico a causa de Enron, con grandes repercusiones políticas: parece inevitable que una oficina del Congreso lleve a los tribunales a la Administración dirigida por George W. Bush, para obligarla a revelar sus tratos con la compañía de Houston (Tejas).

La demanda presentada ayer ante un juez de Houston exigía indemnizaciones por las pérdidas que sufrieron los empleados y ex empleados al invertir sus futuras pensiones de jubilación, dentro del sistema semiprivado denominado 401 (k), en acciones de Enron. El argumento central de la demanda consiste en que los directivos animaron a los trabajadores a invertir sus ahorros en la empresa a sabiendas de que las cuentas estaban falseadas y de que Enron se encaminaba al desastre.

Uno de los abogados de los trabajadores, Randy McClanahan, acusó a los directivos de haber actuado como 'trileros sofisticados', induciendo a la plantilla a comprar acciones para que subieran de valor y ellos pudieran venderlas a buen precio antes del desastre. En la demanda se citaba como responsables a los ex presidentes ejecutivos Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, al ex director financiero Andrew Fastow, a la sociedad auditora Arthur Andersen y a la firma Northern Trust, gestora de los planes de pensiones. Un grupo de accionistas, en el que se encontraban también empleados, ya presentó anteriormente una querella por fraude contra 29 directivos y ex directivos de Enron.

Pensiones reducidas

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La mayoría de los empleados de Enron vieron sus pensiones de jubilación reducidas a casi nada al caer el precio de las acciones desde casi 90 dólares a unos pocos centavos. Esas pensiones podrían quedar en cero absoluto si, como temen numerosos analistas, Enron no lograra superar la situación de bancarrota y sus acciones se convirtieran en papel inservible. Los gestores judiciales de la compañía intentaban ayer convencer a Stephen Cooper, un especialista en salvar empresas en situación crítica, para que aceptara la presidencia ejecutiva en sustitución del dimitido Kenneth Lay.

Más allá del colapso y del posible fraude cometido por directivos y auditores, la sombra de Enron sigue proyectándose sobre la Casa Blanca. George W. Bush, amigo personal del antiguo presidente de Enron y beneficiario de generosas ayudas financieras de la empresa en sus campañas electorales, insistió en que se trataba de 'un caso empresarial, no político'.

El tinte político ya era, sin embargo, innegable dada la amenaza formulada por la Oficina de Contabilidad General, el principal instrumento investigador del Congreso, de querellarse contra la Administración si ésta no entregaba los documentos y minutas de sus relaciones con Enron.

La empresa de Houston, la mayor del mundo en el sector de la energía hasta hace sólo unos meses, participó activamente en la elaboración del plan energético nacional coordinado por el vicepresidente Dick Cheney y presentado al Congreso en la primavera pasada. La Oficina de Contabilidad quiere saber si hubo trato de favor para Enron, ya que el contenido final del plan energético se ajustaba casi al detalle a las propuestas de la empresa.

Cheney, respaldado ayer mismo por el presidente Bush, argumenta que si hiciera públicas las conversaciones que mantuvo con los directivos de Enron, nadie podría hablar con libertad dentro de la Casa Blanca y se niega a ceder ante el Congreso.

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