Berlusconi bloquea el proyecto de 'euroorden' en medio de un gran escándalo en la UE

Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, se ganó ayer a pulso la animadversión del resto de sus socios europeos. Lo que se presentaba como una jornada histórica para la UE quedó en agua de borrajas por el empecinamiento italiano en impedir que la orden europea de detención y entrega sea aplicable a delitos de corrupción y fraude, en una clara maniobra por proteger a Berlusconi y varios de sus colaboradores. Los Quince aprobaron la definición común sobre terrorismo, que sólo tendrá sentido cuando se apruebe la euroorden, ahora en manos de los líderes cuando se reúnan la próxima semana en Laeken-Bruselas.

'Impresentable', sentenció la subsecretaria británica de Interior, Angela Eagle, al describir la posición italiana. 'Inaceptable', añadió el ministro portugués, Antonio Costa. 'Es muy difícil explicar esto a los ciudadanos europeos', lamentó el ministro belga, Antoine Duquesne. 'Inconcebible', señaló su colega de Justicia, Marc Verwilghen, quien acusó a Italia de 'autoexcluirse'. 'Ahora vamos conociendo de verdad a Berlusconi', agregó un diplomático de la presidencia belga de la UE.

Los ministros de Interior y Justicia se habían dado cita en Bruselas con el mandato de sacar adelante dos proyectos legales interrelacionados entre sí.

En primer lugar, la euroorden, que supondrá el reconocimiento mutuo de toda decisión judicial y las extradiciones prácticamente automáticas entre los quince miembros de la UE. En segundo lugar, la definición común de terrorismo (sólo seis Estados tienen hoy legislación antiterrorista), que incluye un cuadro de penas mínimas para los miembros de grupos terroristas y sus colaboradores. Obviamente, este segundo proyecto queda cojo sin la aplicación de la euroorden.

El mandamiento europeo de detención y entrega, según el proyecto analizado ayer por los ministros, debe ser aplicado a un listado de 32 delitos, que van desde el terrorismo a la trata de seres humanos, pasando por la corrupción y el fraude, cuando sean castigados con penas superiores a los tres años de prisión (inicialmente eran dos). Italia ha exigido en todo momento que sólo se aplique a los seis delitos considerados los más graves, y ayer incluso insistió en que sólo debía ser efectiva para el terrorismo. En ningún caso, a delitos de corrupción y fraude, por los que el propio Berlusconi y varios de sus colaboradores han sido acusados, incluso en España por el juez Baltasar Garzón a raíz del caso Tele 5.

Roberto Castelli, ministro italiano de Justicia, intentó sin éxito defender su actitud diciendo que tenía 'un mandato claro' del Parlamento de su país para cerrarse en banda: 'Se ha preferido la defensa del orden general en lugar de la lucha contra el terrorismo'. Castelli, miembro de Liga Norte, llegó a decir: 'Con la fórmula que se proponía, hubiéramos podido perseguir por todo el continente a extranjeros que fumasen porros por encima de los límites permitidos en Italia'. 'Nuestro rechazo no tiene nada que ver con el caso Tele 5', respondió a un periodista.

Fueron inútiles las presiones que ejercieron Bélgica y el comisario de Interior, el portugués Antonio Vitorino sobre Castelli. Los belgas incluso propusieron una fórmula que pudiera mitigar los temores italianos: en lugar de que la euroorden fuera retroactiva, como deseaba la mayoría, cada país pondría la fecha que quisiera para su entrada en vigor, si bien el límite sería el 31 de diciembre de 2003. Así fue aceptado por todos... menos por Italia. Otros, como Austria, Finlandia o Irlanda cedieron en aspectos técnicos que rozaban sus principios constitucionales. España, como Bélgica o Francia, aceptaron ese principio de retroactividad a la carta. 'Todos han cedido algo y ninguno estábamos totalmente satisfechos', dijo la británica Eagle. Todos... menos Italia.

'Los ministros hemos perdido una oportunidad de oro cuando teníamos el acuerdo al alcance de la mano', insistía por la noche el belga Verwilghen. 'A partir de ahora, Italia sufrirá las presiones de todos nosotros', señaló la británica Eagle, porque 'cada día sin euroorden es un día que gana la criminalidad', apostilló el portugués Costa. Ahora, serán los jefes de Estado o de Gobierno en Laeken quienes reciban el testigo. Allí, será el propio Berlusconi quien tenga que dar la cara, pero previamente recibirá presiones, quizás las más importantes, las de su amigo José María Aznar, dado que España es la principal promotora de la euroorden como medio para combatir el terrorismo.

Alcance esencial

El jarro de agua fría italiano mermó la alegría expresada sólo unas horas antes por los ministros tras dar su visto bueno a la definición común de terrorismo. El ministro de Justicia, Miguel Ángel Acebes, era el más satisfecho: 'Es la primera definición europea del delito de terrorismo y tiene un alcance esencial en la lucha conjunta contra él, tanto como instrumento jurídico como desde el punto de vista político, de concienciación, de mensaje hacia todos los ciudadanos europeos'.

Su colega francesa, Marylise Lebranchu, afirmó que, con ese acuerdo, 'se evitará la creación de santuarios de terroristas' en la UE, 'que eligen los países con sanciones más débiles para refugiarse'.

Los ministros de Justicia, de otro lado, pactaron ayer que a partir del próximo 1 de enero se ponga en marcha de forma efectiva Eurojust, un organismo integrado por dos jueces o fiscales por país que tendrá en el terreno judicial competencias similares a las que Europol tiene en el campo policial. Precisamente ayer Europol y Estados Unidos firmaron en Bruselas, en presencia de Colin Powell, un acuerdo de cooperación policial contra el terrorismo.