El Gobierno presenta el proyecto de ley para bloquear cuentas de grupos terroristas

El Gobierno presentó ayer un anteproyecto de ley diseñado con el único objetivo de cortar las fuentes de financiación del terrorismo y de sus apoyos. El texto crea una novedosa comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo, que tendrá la potestad de congelar de forma inmediata y por un máximo de seis meses las cuentas bancarias que considere vinculadas a bandas armadas o a sus patrocinadores. Los vigilantes podrán recabar información a cualquier base de datos administrativa y sus decisiones serán de obligado cumplimiento para todo el sector financiero.

El Consejo de Ministros de ayer aprobó la remisión del anteproyecto de ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. El texto ha salido del grupo de trabajo formado por seis ministerios, que fue creado para cumplir la resolución 1373 que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 28 de septiembre, a raíz de los ataques del 11 de septiembre.

La ONU dio entonces un plazo de 90 días a los gobiernos para que diseñaran medidas de prevención y represión la financiación del terrorismo a fin de congelar 'sin dilación los fondos de las personas que cometan actos terroristas, de los que faciliten su comisión, de las entidades que sean propiedad o estén controladas por éstos y de las personas y entidades que actúan en su nombre o bajo sus órdenes', según explicó el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La principal novedad es la creación de la llamada Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo que podrá decidir y ordenar de oficio 'la congelación de fondos y demás activos financieros, bloqueo de transacciones, movimientos de capitales, cobros, pagos y transferencias de los grupos y organizaciones terroristas, así como de las personas o entidades vinculadas a ellas', explicó Ángel Acebes, ministro de Justicia.

La comisión podrá bloquear las cuentas de personas o entidades señaladas como terroristas por algún órgano competente de la UE o una organización internacional de la que España sea parte; de quienes actúen 'por interés, por nombre o a cuenta o como administradores' de entidades controladas o gestionadas por una organización terrorista o personas vinculadas a ella así como de esas citadas entidades; y también de personas o organizaciones 'interpuestas o que formen una unidad de decisión' con bandas terroristas y las que 'coadyuven o favorezca económicamente a las mismas'. Y para evitar casos como los de Jarrai, que se transformó en Haika y luego en Segi, se incluye una cláusula que permitirá bloquear los fondos de 'todas aquellas entidades que constituyan una sucesión o continuación de las señaladas anteriormente'.

Las decisiones que adopte la comisión -que deberán ser 'fundadas y fundamentadas', según Acebes- agotarán la vía administrativa, por lo que los afectados tendrán que recurrir ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que podrá estimar el levantamiento inmediato del bloqueo o mantenerlo. La congelación surtirá efectos durante un máximo de seis meses, salvo que la autoridad judicial decida una prórroga.

La comisión tendrá amplias facultades para indagar o pedir datos sobre cuentas y para reclamar la información que precise a organismos de la Administración como la Agencia Tributaria, el Banco de España o la Seguridad Social para cruzar datos. Las entidades financieras no tendrán más remedio que acatar las decisiones, según reza el anteproyecto. Éstas tendrán obligación, además, de informar de los movimientos sospechosos de estar relacionados con terroristas que detecten.