El PNV pide a sus tribunales internos la expulsión de sus concejales de Amorebieta

La crisis interna que ha suscitado en el PNV el proyecto de la central energética de Amorebieta terminó por estallar ayer. La ejecutiva nacional peneuvista, el Euskadi Buru Batzar (EBB), ha pedido al Tribunal Nacional de Justicia (la máxima instancia judicial interna) la expulsión de sus concejales en Amorebieta por aceptar la celebración de una consulta popular sobre la futura planta, contraviniendo los acuerdos del partido. La medida afecta a siete de los ocho ediles peneuvistas de la localidad vizcaína, incluida la alcaldesa, Begoña Azarloza, ya que el octavo concejal es independiente y no está afiliado.

El fuerte malestar creado en la cúpula peneuvista por la postura de los ediles de Amorebieta tuvo así una rápida consecuencia, apenas un día después de que el EBB la calificara de 'personal y ajena' al partido. La decisión de mantener la celebración del referéndum anunciado por Azarloza -aprobada en una moción del grupo municipal del PNV que contó con la abstención de toda la oposición- desobedecía abiertamente a la dirección, que hace un mes impuso el apoyo a la planta a través de una resolución de la Asamblea Nacional, el máximo órgano del partido. Con ella, y basándose en los estatutos, los ediles de Amorebieta estaban obligados a acatar el respaldo al proyecto, cuya inversión prevista es de casi 70.000 millones de pesetas. Incluso la organización municipal, que mantenía hasta hace poco su rechazo a la planta, acordodo en junio, ha cambiado de postura.

El EBB comunicó ayer que solicita 'la baja forzosa' de sus siete concejales 'por incumplimiento de las obligaciones fundamentales que como afiliados/as les corresponde'. La dirección peneuvista se basa en el artículo 13 de sus estatutos, que establece como obligaciones de los afiliados 'cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del partido', y en el artículo 14, en el que explicita como causa de expulsión 'realizar declaraciones o actuaciones públicas contrarias a la disciplina del partido'.

El expediente será resuelto por el Tribunal Nacional de Justicia del PNV que, según se indica en el artículo 80 de los estatutos, debe actuar, entre otros casos, en denuncias que 'afecten a acuerdos de la Asamblea Nacional'.

Los siete ediles afectados eludieron ayer realizar comentarios sobre el expediente abierto y se remitieron a lo que pueda manifestar en los próximos días la alcaldesa, Begoña Azarloza. Partidos de la oposición en Amorebieta, como el PSE, calificaron de 'injusta' la medida, mientras que la plataforma vecinal Zornotza Bizirik, que lleva dos años de lucha contra la planta energética, exigió a la dirección peneuvista que cumpla la promesa realizada en junio de que respetarían lo que decidieran sus representantes de Amorebieta. Entonces, el propio Xabier Arzalluz acudió a una reunión de la organización local para intentar convencer a los afiliados de que apoyaran la central, pero no tuvo éxito.

'Fraude de ley'

La petición de expulsión se conoció horas después de que la Diputación de Vizcaya confirmara que el resultado de la futura consulta no cambiará su postura y propiciará el desarrollo del proyecto. La alcaldesa ya anunció el martes las 'limitaciones' del referéndum, puesto que, en el caso de que los vecinos voten mayoritariamente en contra de la planta, el consistorio no podría hacer más que proponer un cambio urbanístico en el polígono de Boroa, donde se ubicará, para 'suprimir los usos energéticos'. Sin embargo, la Diputación, propietaria del polígono y institución competente en el cambio urbanístico, anunció que, aunque el Ayuntamiento lo reclame, 'no modificará los usos permitidos en el polígono industrial de Boroa'. 'Actuar de manera contraria sería, además de un fraude de ley, ir en contra de los intereses generales' de Vizcaya y Euskadi, añadió.

Los dirigentes de la institución foral vizcaína, que ha defendido con ahínco el proyecto que promueve la empresa pública irlandesa ESB y han criticado en privado a la alcaldesa y los concejales de su partido en Amorebieta, volvieron a acharcarles su 'falta de responsabilidad pública'. Insistieron en que la consulta no puede variar 'el cumplimiento de la legalidad vigente' y que el Ayuntamiento está obligado a conceder de 'manera reglada' los permisos de obras. Precisamente este lunes, Bizkaia Energía -la empresa filial de ESB que impulsa la planta- presentó la solicitud de los dos últimos permisos pendientes, las licencias de actividad y obras que corresponden al consistorio, puesto que su intención es iniciar la construcción en el primer semestre de 2002.

La Diputación ha expresado su preocupación por el antecedente que crea la consulta, que califica de 'vías de decisión imposibles'. 'De prodigarse', añade, 'harían ingobernable' el sistema democrático actual. Un su comunicado subraya que los responsables políticos 'estamos para solucionar problemas, no para crearlos' y culpa al Ayuntamiento de Amorebieta de realizar 'un flaco favor al conjunto del entramado institucional existente en Euskadi' .

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, afirmó ayer en la República Checa, donde se encuentra en una visita oficial junto al lehendakari Ibarretxe, que el Ayuntamiento de Amorebieta cometerá una ilegalidad si no concede los permisos a ESB. 'No existe ningún motivo por el cual la licencia no pueda ser concedida, ya que se ha respetado escrupulosamente el marco urbanístico y normativo del propio ayuntamiento y el proyecto cumple todos los requisitos medioambientales'. Imaz destacó la necesidad de ofrecer a las empresas un 'principio de seguridad jurídica'. 'No podemos dejar que una empresa que invierte esfuerzo y dinero en un proyecto, acogiéndose a un marco creado por nosotros mismos, se vea obligada a abandonar dicho proyecto en el vacío', agregó.

En cambio, su compañero de Gobierno, el consejero de Vivienda y Medio Ambiente, Javier Madrazo (IU), instó al Ayuntamiento y al resto de instituciones a respetar el resultado de la consulta, que a su juicio 'debe ser vinculante'.

[Por otro lado, el Ministerio de Economía ha abierto el periodo de información pública sobre el proyecto IGCC que promueve Petronor, otro de los planes energéticos en Euskadi, cuya inversión supera los 181.000 millones].