La declaración ante el juez del director de Función Pública sustenta una nueva querella

Joaquín Segarra, director general de Función Pública, declaró ayer por espacio de tres horas y media ante el magistrado Vicente Ríos, titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, como imputado por un suspuesto delito de falsedad documental a resultas de una denuncia de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Las 'interesantísimas revelaciones' de Segarra en el curso de su declaración, según fuentes de UGT, provocaron una ampliación de la denuncia inicial. El sindicato atribuye ahora a Segarra un segundo supuesto delito de prevaricación.

Un decreto de marzo de 1999 establece que los interinos sólo pueden ocupar puestos base en el seno de la Administración. Pero una denuncia formulada ante lo contencioso por la FSP-UGT reveló que decenas de puestos de jerarquía en el aparato administrativo de la Generalitat están ocupados por personal interino en virtud de criterios de carácter exclusivamente político.

Todos los nombramientos los debe autorizar el director general de Función Pública. Pero el propio Joaquín Segarra declaró por escrito en febrero de 2001 que no se habían producido nombramientos de interinos 'en puestos no base de las estructuras administrativas' desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el decreto en cuestión.

Su declaración había sido previamente desmentida en una respuesta parlamentaria por su superior, el consejero de Administración Pública Carlos González Cepeda, que elevó a 23 el número de interinos que ocupaban cargos de jerarquía en ese periodo.

La desavenencia entre las declaraciones públicas de ambos cargos sacó a la luz el número real de interinos que ocupaban cargos por encima de la escala básica -que fuentes sindicales elevan a tres centenares- y derivó en una querella penal contra el director general de Función Pública por los supuestos delitos de falsedad en documento público, falsedad en certificado público, y denegación de auxilio a la justicia, que fue admitida.

Segarra acudió ayer al juzgado para declarar en calidad de imputado asistido por un letrado de la Generalitat y por el abogado Javier Boix.

Según fuentes judiciales, Segarra intentó explicar que la aparente contradicción entre sus declaraciones y las del consejero de Administración Pública respondía a una interpretación divergente del contenido de las preguntas correspondientes. Un error de concepto.

Pero fuentes de la FSP-UGT consideran que la 'abundancia de hechos' e 'interesantísimas revelaciones' de Segarra en el curso de su declaración soportan una ampliación de la querella inicial para añadir a los delitos de falsedad y denegación de auxilio a la justicia un cuarto supuesto de prevaricación.

La acusación también solicitó como prueba documental los expedientes de cada uno de los nombramientos firmados por Segarra supuestamente en contra de lo que establece el reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo en el seno de la Administración aprobado en marzo de 1999.

Fuentes de la Generalitat, por su parte, se mostraban convencidas de que el juez archivará el caso en breve.