Un intermediario en el secuestro de Rupérez niega que se pagara rescate
Javier Salido, la persona que por encargo de Unión del Centro Democrático (UCD) intermedió en 1979 ante la dirección de ETA político-militar en el secuestro de Javier Rupérez, negó ayer que se pagara a la organización terrorista 200 millones con cargo a los fondos reservados por orden del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, como declaró el lunes el general José Antonio Sáenz de Santa María en el juicio que se sigue contra ex altos cargos de Interior por el uso de los fondos reservados. En 1995, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, también afirmó a este diario que 'con los fondos reservados se pagó a ETA el rescate de Javier Rupérez'.
'No se entregó dinero alguno a ETA', asegura Salido. 'De hecho, ni siquiera lo pidieron [los terroristas]. Y cuando yo pregunté directamente en el primer encuentro si buscaban un rescate, dejaron claro que sus reivindicaciones se referían sólo a la situación de sus presos. Incluso uno de los miembros de ETA p-m llegó a decir que, de haber querido dinero, en lugar de secuestrar a Javier Rupérez se habrían llevado a su colaboradora en la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, María del Pino Calvo-Sotelo, hija del presidente de Ferrovial'. Salido afirma que, si es cierto que la Presidencia del Gobierno, tal y como afirmó Sáenz de Santa María en el juicio, ordenó librar esos 200 millones de los fondos reservados, el dinero no fue a parar a manos de ETA p-m.
'Dos o tres encuentros'
El entonces intermediario, que mantuvo 'dos o tres encuentros' con los dirigentes de ETA p-m en el sur de Francia, era en la época militante de UCD y trabajaba además para este partido en su sede de la calle de Príncipe de Vergara, en Madrid. El encargo de buscar el contacto con ETA le fue realizado, según su relato, por Carlos Alonso de Velasco, secretario de Organización de UCD en Madrid, quien le puso en contacto, en la sede central de la calle Arlabán, con el diputado Antonio Vázquez y con Guadalupe Ruiz-Giménez, esposa de Rafael Arias-Salgado y colaboradora también de Rupérez en la Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD. Ambos son profusamente citados por el político en su libro sobre el secuestro. El padre de esta última, Joaquín Ruiz-Giménez, abordó los contactos políticos en el País Vasco y la fase final de la negociación para la liberación de Javier Rupérez, que se produjo en Burgos el 12 de diciembre, un mes y un día después de su secuestro.
Las contrapartidas obtenidas por ETA p-m, según Salido, coincidentes con las que se hicieron públicas en la época, fueron la constitución de sendas comisiones de investigación sobre torturas en el Consejo General Vasco y el Congreso de los Diputados, la promesa de atenuar la situación de presos enfermos no acusados de delitos de sangre y la concesión de libertad provisional a algunos de ellos tras la liberación del político.
