Coche oficial a destajo

El parque móvil de la Generalitat alberga al menos cinco vehículos a disposición del presidente. Dos Volvos blindados, que pesan casi tanto como costaron, permanecen aparcados desde hace meses. Eduardo Zaplana prefiere el Audi, mucho más ágil.

El presidente no conduce, pero tiene conductor asignado permanente. Un privilegio que sólo comparte con sus dos vicepresidentes y otros dos altos cargos de la Generalitat, Consuelo Ciscar, subsecretaria de Promoción Cultural, y Luis Ibáñez, actual director general de Interior, de acuerdo con una broma atribuida a Eloy Jiménez, director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y, desde enero pasado, único responsable del parque móvil de la Generalitat.

Y desde enero pasado, blanco de las quejas de los conductores de vehículos oficiales que comprueban día a día cómo los nuevos criterios para hacer más racional la gestión del parque móvil van en detrimento de su calidad de vida.

Todos los altos cargos de la Generalitat desde director general hacia arriba, pueden requerir un coche oficial para sus desplazamientos.

Hasta enero pasado, cada consejero tenía asignado un conductor y cada área administrativa ordenaba su propio tráfico. El grupo de conductores que atendían las necesidades de cualquier consejería se organizaban de acuerdo con criterios más o menos severos y sustentados sobre una confianza de sabor doméstico. De alguna manera, los conductores conocían las respectivas manías de sus conducidos.

Pero el nuevo modelo de servicio único ha desnaturalizado la relación y ha desatado las iras de los 160 conductores al servicio de la Generalitat. Las protestas han ido subiendo de tono. Una sonora pitada abrió la jornada de ayer en el parque móvil y desembocó en un posterior encierro en la sede de la Consejería de Hacienda en Valencia.

Anoche, los representantes sindicales de los conductores intentaban concertar una cita oficial. A las nueve de la noche, su anfitrión accidental, el consejero Vicente Rambla, alentaba la esperanza con las luces encendidas en su despacho.

Los conductores reclaman que se establezca una serie de criterios sobre bases objetivas que deban atender los altos cargos a la hora de reclamar un coche. La queja generalizada reside en la arbitrariedad con que se solicitan los coches para los recorridos más dispares. De forma que muchos conductores superan con creces la jornada laboral de 40 horas que tienen asignada, incluso tropiezan con problemas para planear sus actividades particulares en días de descanso.

Un cuadrante de jornadas de trabajo y descanso que se ajuste a las exigencias de seguridad vial y que no supere las 40 horas semanales resolvería el conflicto. Y el pago de horas extraordinarias, que carece de dotación presupuestaria.