Montoro recorta poderes a la Agencia Tributaria al limitar su autofinanciación
Los inspectores denuncian la parálisis interna del organismo por la investigación de Gescartera
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido asumir directamente el control de la Agencia Tributaria en lo relativo a gastos de personal, lo que representa casi el 70% de su presupuesto. Igualmente, ha decidido reducir del 18% al 5% el porcentaje que sobre el fraude fiscal descubierto podía ingresar hasta ahora la Agencia como incentivo al margen de la dotación inicial. Y pone, por primera vez, un límite de 50 millones de euros (8.319 millones de pesetas) a los posibles ingresos por esta vía. Estas modificaciones llegan en un momento de tirantez por la parálisis en la que, en opinión de la asociación de inspectores Apife, vive la Agencia desde hace tres meses por la investigación interna del escándalo Gescartera.
Las modificaciones se han incluido en la Ley de Presupuestos del año 2002 y en la Ley de Acompañamiento, y suponen, en la práctica, cercenar la autonomía de la Agencia Tributaria. Con su creación en el año 1991 como orgamismo separado de la Secretaría de Estado de Hacienda, el entonces Gobierno del PSOE quiso dar a la Agencia un estatuto especial para preservarla de injerencias políticas y dotarla de una mayor flexibilidad en la lucha contra el fraude.
Lo que en principio fue una idea muy innovadora, en la práctica empezó muy pronto a perder contenido cuando se decidió que el secretario de Estado de Hacienda fuera el presidente de la Agencia. El control político triunfó respecto de la intención primitiva de situar a alguien con perfil más técnico e independiente al frente de la Agencia. Después llegó el escándalo de la no demostrada amnistía fiscal en la etapa del PSOE y, más recientemente, el de la agencia de valores Gescartera, y quedó totalmente despejada cualquier duda sobre la falta de autonomía de la Agencia.
Pero en los aspectos técnicos, al menos sobre el papel, aún quedaban algunos rasgos que dotaban a la Agencia de características especiales dentro de la maquinaria administrativa. Salvando mucho las distancias, sería algo parecido a la situación del Banco de España. En el caso de la Agencia, la autonomía giraba sobre dos ejes: la política de personal y la posibilidad de obtener ingresos en función de los resultados.
Gastos de personalEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido bajar varios peldaños en el concepto inicial de la Agencia y ponerla, en la práctica, al nivel normativo del resto de organismos de la Administración. En lo relativo a los gastos de personal, la modificación consiste en que será el propio ministro quien deberá autorizar las variaciones 'internas' en los gastos de personal que se produzcan.
La normativa vigente señalaba que las alteraciones globales del presupuesto de la Agencia tendrían que ser autorizadas por el ministro cuando no excedieran del 5% del presupuesto inicial, y por el Gobierno en caso contrario. Las variaciones 'internas' que no alterasen la cuantía global eran competencia del presidente de la Agencia. A partir de enero de 2002 será Montoro quien decida en cualquiera de los casos.
La otra modificación de calado recorta de forma considerable (del 18% al 5%) el porcentaje que sobre los actos de liquidación o de gestión ingrese la Agencia. Este incentivo a la lucha contra el fraude no se ha llevado nunca al límite máximo del 18%, pero era un arma legal en manos del presidente de la Agencia para obtener más recursos cada año. Ahora no sólo se baja bastante el listón, sino que se pone por primera vez un límite de 50 millones de euros (8.319 millones de pesetas) anuales por este concepto. Esta cuantía representa un pequeño porcentaje (casi el 4%) sobre el presupuesto global de la Agencia, que para 2002 asciende a 1.270 millones de euros (211.310 millones de pesetas).
Entre los funcionarios de la Agencia Tributaria consultados, las modificaciones -que el Ministerio de Hacienda se ha negado a comentar- responden a que Montoro quiere un mayor control, después de la convulsión que ha supuesto el escándalo de Gescartera y la desconfianza que la actuación del anterior presidente, Enrique Giménez Reyna, le ha generado sobre el funcionamiento de la propia Agencia.
El cambio en la presidencia de la Agencia y el hecho de que toda la actividad en los últimos tres meses haya estado volcada en la investigación interna de Gescartera, ha sometido a la organización a una nueva 'parálisis', según explica el presidente de la asociación de inspectores Apife, Antonio Corral. Igualmente, subraya la preocupación del colectivo por los cambios normativos que afectan a la autonomía de la Agencia.
También el PSOE ha decidido poner en cuestión el funcionamiento de la Agencia Tributaria. Durante el último debate de los Presupuestos Generales del Estado, el responsable de Economía del principal partido de la oposición, Jordi Sevilla, anunció la petición de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la Agencia Tributaria. Sevilla denunció la existencia de una deuda pendiente de cobro por valor de 7.742 millones de euros (1,28 billones de pesetas) que ha aumentado a un ritmo de 60.000 millones por año desde 1996. Hacienda lo atribuye a que se ha intensificado la lucha contra el fraude, a la nueva normativa para la suspensión de las deudas y al efecto del Estatuto del Contribuyente.
