Colapso en la justicia del menor
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor -enero del 2001-, se pretendía equiparar la legislación en esta materia a la de los países europeos más avanzados.
Con independencia de las valoraciones sobre los aciertos y errores de la propia ley (que nace con una clara vocación progresiva: 'que progresa o favorece el progreso'), su aplicación está provocando un colapso y caos organizativo que afecta tanto al funcionamiento de los juzgados de menores como al de los centros educativos destinados a hacer realidad las posibles bondades de dicha ley.
No podía darse situación diferente ante el grave desajuste entre las necesidades reales y los estudios de impacto de la ley, y los recursos destinados a su aplicación. La situación actual es tan grave que sólo la coyuntura internacional disculpa, y sólo en parte, que los medios de comunicación no sean capaces de tomar el pulso y hacerse eco de las dimensiones de los problemas derivados de la aplicación de dicha ley.
