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Ernest Maragall tacha a la Generalitat y al Gobierno de 'irresponsables' con la inmigración

El Ayuntamiento pide la colaboración institucional para afrontar los problemas de los 'sin papeles'

Blanca Cia

El episodio del colectivo de subsaharianos desalojados de dos plazas de Barcelona el pasado mes de agosto no ha servido para que las tres administraciones -Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona- afronten conjuntamente el problema de los sin papeles. El concejal Ernest Maragall reprochó ayer abiertamente la falta de colaboración de las otras dos administraciones, a las que calificó de 'irresponsables'. En el mes de julio, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona sirvieron 5.982 comidas a inmigrantes y facilitaron un total de 2.724 alojamientos.

El plenario del Ayuntamiento de Barcelona ayer fue el escenario del enésimo enfrentamiento entre las filas del gobierno municipal y la oposición -CiU y el PP- en cuestiones relativas a la inmigración.

La concejal Magda Oranich -independiente en las listas de CiU- preguntó al equipo de gobierno por qué ordenó el desalojo del grupo de subsaharianos de la plaza de Catalunya el 6 de agosto si no tenía previsto darles cobijo en los albergues municipales. Oranich matizó que su grupo estaba de acuerdo con la medida del desalojo porque nadie se puede apropiar del espacio público, pero, acto seguido, responsabilizó al Ayuntamiento en exclusiva de la atención a los inmigrantes 'como a cualquier otra persona que no tiene techo'. A esto contestó enérgicamente el concejal Ernest Maragall: 'Se desalojó la plaza de Catalunya al constatar que el colectivo no tenía intenciones de dejarla y tras pedir y no obtener la colaboración de las otras administraciones a las que corresponde dotarse de centros de atención a los inmigrantes. Es el caso más evidente de irresponsabilidad institucional al dejar el problema en manos de la ciudad. Eso está volviendo a pasar ahora'.

Y es que responsables municipales tienen la sospecha de que un colectivo de sin papeles puede intentar de nuevo ocupar alguna plaza o calle de la ciudad adonde fueron a parar los 17 extranjeros que salieron del centro de internamiento de la Verneda la semana pasada. Sobre todos pesaba orden de expulsión, pero los problemas que tiene la Administración central para organizar su repatriación hacen que sean devueltos al mismo lugar donde fueron detenidos: la calle.

A ello hay que añadir que el grupo de sin papeles que sigue oculto en los locales del sindicato CGT -alrededor de un centenar, aunque el número es muy fluctuante- podría tomar una decisión a lo largo de este fin de semana: o volver a la calle o recolocarse en otros locales. Lo que está claro es que saldrán de la sede del sindicato porque la ocupación se está haciendo insostenible.

'Hemos pedido mesas a tres bandas para que las tres administraciones abordemos y tomemos decisiones para afrontar el problema de la inmigración, pero no lo hemos conseguido', añadió Maragall para expresar el malestar con el Gobierno central y la Generalitat. La falta de entendimiento es manifiesta: esta semana la Subdelegación del Gobierno y la Generalitat han constituido una comisión mixta para la inmigración en la que no está presente el Ayuntamiento de Barcelona, lo que ha molestado al consistorio.

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Mientras, el Ayuntamiento desgrana cifras de asistencia social a los inmigrantes sin papeles: en el mes de julio se proporcionaron 91 alojamientos diarios, cerca de 6.000 comidas y unas 1.000 duchas.

En el plenario de ayer también se ratificó la decisión del consistorio de subastar su parte del solar sobre el que se levantó El Triangle, en la plaza de Catalunya, por un mínimo de 3.000 millones de pesetas. Votaron en contra CiU y el PP, que tampocó apoyó una aportación de 255 millones de pesetas a la emisora de televisión local BTV ni la ampliación del capital de la cadena en 450 millones. El pleno aprobó el plan de la Illa Robadors, en Ciutat Vella, que consiste en un complejo comercial de oficinas y viviendas. La pieza principal del proyecto, diseñado por Oriol Bohigas, será un hotel de 10 pisos, algo que fue criticado por la oposición de CiU, que votó en contra, y por el PP, que se abstuvo.

'Pelillos a la mar'

Fue el Partido Popular el que planteó en el pleno del Ayuntamiento la pregunta de qué ha ocurrido tras la renuncia de Josep Caminal como consejero delegado del Fòrum 2004. La expuso Santiago Fisas, presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento: 'Después de todo lo que ha ocurrido, creemos que es imprescindible que el alcade informe, porque parece que, si no, hacen mutis por el Fòrum...'. Joan Clos contestó que pensaba que Fisas ya estaba suficientemente ilustrado y, de paso, agradeció a las administraciones que forman el consorcio el apoyo 'decidido' al proyecto. 'Estoy seguro de que la crisis reforzará el proyecto', resumió Clos. 'Bueno, pues entonces... pelillos a la mar', contestó Fisas.

No fue la única pregunta sobre el Fòrum: CiU requirió información sobre el estado de las obras y el calendario. Xavier Casas, primer teniente de alcalde, aseguró que donde sí hay retraso es en el proyecto de recuperación del cauce del Besòs en el último tramo. El resto de las obras que acompañan la celebración del Fòrum -desde la depuradora hasta el puerto deportivo de Sant Adrià y la modificación de la Ronda Litoral- van según el calendario previsto: 'El 65% de las 205 hectáreas del proyecto está en obras ya'.

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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