La disputa por el control del negocio urbanístico
La crisis de la heterogénea mayoría que gobierna Baleares tiene su origen en una disputa por los lápices y los mapas de la ordenación territorial y el urbanismo. Un pleito de gran calado político y trascendencia económica: saber quién traza las rayas y marca los colores sobre los planos que determinan qué terrenos serán paisaje y cuáles se convertirán en solares de valor multimillonario.
La batalla que tras dos años de pacto se ha abierto entre Unió Mallorquina (UM), que domina el Consell de Mallorca, y sus socios del Gobierno de Baleares (PSOE, IU, Els Verds y PSM), se libra por el control de la normativa de ordenación del territorio. Ambas poderes abrieron su polémica al decretar sucesivamente, en julio y en agosto, sendas moratorias de restricción de las urbanizaciones, como paso previo a sus grandes decisiones.
El pacto de 1999 acordó modificar la ley de las Directrices del PP para rebajar el desarrollismo urbanístico, al tiempo que fijaba que cada poder insular dibujaría los planes territoriales propios. El presidente Antich indica que el Parlamento debe aprobar la normativa general y fijar un techo poblacional, con cupos de licencias por municipios, mientras que los mallorquinistas de Maria Antonia Munar reivindican para sí, para el Consell de Mallorca, la competencia plena.
