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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El cochecito

El departamento de Interior del Gobierno vasco confirmó, a última hora de la tarde de ayer, que la causa de la explosión que mató en San Sebastián a Francisca Eraunzetamurgil y causó heridas gravísimas a su nieto, de 16 meses, fue un juguete-bomba, es decir, un artefacto ideado para explotar con un tipo de engaño propio para captar la atención de un niño.

Era algo a la vez increíble y no descartable. Se dudaba de que alguien pudiera ser capaz de tanta crueldad, pero a la vez existían antecedentes inquietantes. De ahí seguramente el retraso en confirmar la naturaleza del hecho, tras haber dado más credibilidad a la teoría de un accidente casual. La consejería vasca no descarta ninguna hipótesis sobre la autoría, pero adelanta que las circunstancias no parecen apuntar hacia ETA o los grupos de terrorismo callejero. Es cierto que con los datos de que se dispone es prematuro aventurar conjeturas o descartar tajantemente otras, como la posibilidad de que el artefacto procediera de delincuentes comunes o sea obra de un gamberro sin escrúpulos.

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Sin embargo, de las bombas camufladas en juguetes hay abundantes casos conocidos en el mundo. En el País Vasco nunca se había recurrido a tal procedimiento, aunque sí existe el precedente de un pequeño aparato flotante teledirigido, en el puerto de Pasajes, contra una patrulla policial marítima. Tal vez el cochecito con su carga mortal estaba preparado para hacerlo estallar cerca de alguna patrulla de la Ertzaintza durante la manifestación prohibida de la noche del viernes en Donosti. A sabiendas de que cualquier niño podría recoger el siniestro juguete si el plan fallaba.

Porque es verdad que no faltan en Euskadi personas que se consideran con derecho a matar niños o a comprender a quienes lo hacen. De Zaragoza a Vic, ETA lo ha hecho repetidamente, y lo ha justificado. 'Uno de los nuestros vale más que cien hijos de txakurra', escribió un activista tras el asesinato del hijo de un policía en Erandio, en 1991. Más recientemente, un etarra condenado por el asesinato del concejal sevillano Jiménez Becerril y su esposa declaró, con ocasión del atentado frustrado contra una casa cuartel de Granada, que no consideraba 'muertes civiles ni (de) inocentes' las de hijos de guardias civiles. Quien así pensaba, José Luis Barrios, fíguró, tras su detención, en las listas de Euskal Herritarrok (EH) en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Navarra. Obtuvo 47.190 votos.

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