Gescartera manejaba 10.000 millones en 'dinero negro'

Este desfase de casi 10.000 millones de pesetas en la agencia de valores intervenida el pasado 15 de junio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede obedecer a que parte de los 2.000 inversores de Gescartera colocasen el dinero en la agencia sin declarar, o que los propios responsables de la firma hiciesen negro el dinero entregado por sus clientes. Lo cierto es que en los meses que van desde diciembre de 2000 hasta junio de 2001 resulta imposible que Gescartera captase esos 10.000 millones de pesetas (cantidad superior a la lograda en ocho años de actividad cuando era una sociedad gestora de carteras).

Es más, de acuerdo con las primeras pesquisas de la investigación por parte de la CNMV, los responsables de Gescartera falsificaron recibos bancarios por 8.500 millones de pesetas que tendrían despositados en distintas entidades financieras, y que dieron la señal de alarma al avisar una imprenta a Caja Madrid de que estaba confeccionando un tampón con su logotipo. Unos millones que se correspondían con su contabilidad oficial.

La información que recibían los clientes de Gescartera sobre sus inversiones son también una muestra de falta de transparencia y de posible ocultación de dinero. Según apuntan desde el Departamento de Atención al Público de la CNMV, 'muchos inversores de Gescartera aparecen con justificantes en los que figura que tienen invertidos 5 ó 10 millones en renta fija sin especificar qué bonos, obligaciones, letras o pagarés les han comprado'. Lo mismo pasa con las acciones donde algunos papeles son genéricos de inversiones sin que aparezcan los títulos donde colocaron el dinero.

Aquí también reside una de las claves del caso, ya que la agencia de valores, tipo de intermediario que no está autorizado para esas actividades, estaba actuando por cuenta propia con el dinero de los clientes, cuando deben ser meros intermediarios en las operaciones y debe quedar muy clara la propiedad final de los activos financieros que se compran y venden en los mercados.

Una actuación que rompe las más mínimas normas de la contabilidad. El pasado viernes el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Luis López, precisó que las firmas auditoras están obligadas a comprobar que existe la titularidad de los activos (bonos, acciones...) en los que invierten los ahorradores.

Una situación que choca contra las declaraciones de testigos empleados en la firma que manifestaron que desde hacía un año se realizaban operaciones ficticias, mientras el dinero se desviaba a otros destinos, posiblemente a paraísos fiscales.

Gestores vinculados al PP

El caso Gescartera ha ofrecido en su poco más de un mes de existencia una maraña de relaciones. Su principal accionista, Antonio Camacho, fue enviado a prisión por la juez Teresa Palacios, encargada de instruir el caso desde la Audiencia Nacional. El otro apoderado, José María Ruiz de la Serna, debe personarse a diario en la Audiencia, habiéndose librado de la cárcel por enfermedad. Ruiz de la Serna había trabajado cinco años como técnico encargado de supervisar intermediarios financieros en la CNMV, al igual que Salvador Alcaraz, que también trabajaba en Gescartera.

La presidenta de la firma, Pilar Giménez-Reyna, ha quedado en libertad, pero su presencia en la compañía ha provocado la dimisión de su hermano como secretario de Estado de Hacienda el pasado 20 de julio. Enrique Giménez-Reyna había sido consejero de la firma Sefisur, sancionada en 1995 por la propia CNMV.

También se han visto relacionadas otras personas ligadas al partido en el Gobierno. El ex vicepresidente de la CNMV hasta octubre de 2000 y ex diputado del PP, Luis Ramallo, puso en contacto a los propietarios de Gescartera con un banco alemán interesado en la adquisición en España de una agencia de valores. Finalmente, no se llegó a ningún acuerdo. Ramallo, ya como notario, dio fe pública a distintos documentos de sociedades de Gescartera, cuando la Ley del Mercado de Valores establece incompatilidad de dos años a los cargos de la CNMV para cualquier actividad que tenga relación con el organismo supervisor.

El Gobierno se ha visto forzado a reaccionar ante este escándalo. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha pedido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que investigue la auditoría que elaboró Deloitte & Touche sobre los resultados de Gescartera en 2000.

Los afectados del caso Gescartera que han salido a la luz son de lo más variopinto. En primer lugar la Fundación Once, que figura como la propietaria del 10% de las acciones de Gescartera. El mayor quebranto podría corresponder a la Mutualidad de la Policía Nacional que había depositado 1.500 millones de pesetas. La Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil contaba con 400 millones. Además de órganos relacionados con las fuerzas de seguridad, el clero confió su dinero a la agencia de valores. El arzobispado de Valladolid tenía más de 1.000 millones y los de Burgos y Astorga también depositaron cantidades importantes cuyo destino ahora se desconoce. Algunas ONG ligadas a la Iglesia Católica confiaron igualmente sus inversiones a la firma.