Jesús Cardenal ordena a los fiscales que pidan la expulsión de los inmigrantes con delitos menores

En su escrito, Cardenal se refiere a las dificultades que existen para ejecutar la expulsión de los inmigrantes imputados por la comisión de delitos menores. Opina que este asunto 'genera una gran alarma social' y alerta de la 'paradoja' que supone el que en ocasiones resulte más fácil expulsar al extranjero que simplemente se encuentra en situación irregular que a aquel otro que, además de estar sin papeles, es presunto responsable de un delito.

También señala la convicción, por parte de algunos irregulares, de que cometiendo un delito menor entorpecerán la autorización judicial para expulsarlos, y afirma que este convencimiento 'puede ser para ellos un factor inductor de la delincuencia'.

En este sentido, explica que la acumulación de detenciones e inculpaciones por parte de un mismo extranjero, que normalmente sigue en libertad provisional, provoca la apertura de diversas causas en varios juzgados de instrucción, y que es necesaria la autorización de todos y cada uno de ellos para poder proceder a la expulsión. Es suficiente 'la negligencia o la mera inacción de uno solo de los jueces de instrucción que han de autorizar la expulsión para que ésta quede paralizada'.

Por ello, ordena que, en los casos de extranjeros con orden de expulsión e inculpados en procesos penales, los fiscales 'habrán de promover activamente la autorización de su expulsión por los jueces de instrucción competentes'. Concretamente, señala que 'una vez que el extranjero en cuestión haya sido oído en declaración como imputado, el fiscal interesará (...) la autorización de su expulsión. Igualmente', añade, 'deberá informar favorablemente (...) la adopción de las medidas cautelares -en particular el internamiento- que se estimen precisas' para garantizar que la repatriación se lleve a cabo.

Además, afirma que si un extranjero que no resida legalemente en España fuese condenado a una pena de cárcel inferior a seis años, 'el ministerio fiscal solicitará con carácter general (...), su expulsión por decisión judicial como sustitutiva de la condena impuesta'.

La orden del fiscal es consecuencia directa de una petición del ministro del Interior, Mariano Rajoy, ante el Ministerio de Justicia. Rajoy tomó esta decisión a la vista de las numerosas detenciones (hasta 134 en algún caso) que acumulaban extranjeros residentes en Barcelona. El ejemplo paradigmático de su argumentación es el caso del ciudadano moldavo que el mes pasado asesinó a un abogado en un chalé de Madrid: tenía pendiente una orden de expulsión, pero como arrastraba siete antecedentes por robo con violencia y hurto, no podía ser aplicada hasta que se celebraran todos los juicios.

La iniciativa del ministro fue cuestionada por las asociaciones de jueces Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. Un representante de esta última explicó que supondría una discriminación de los ciudadanos españoles, que sí estarían obligados a cumplir su pena.

Abogados consultados por este periódico advirtieron de que la solución ahora aplicada cuestiona el principio de presunción de inocencia y lo convierte en un principio de presunción de culpabilidad. También argumentaron que choca con los derechos de las víctimas, que pueden aspirar a alguna restitución o indemnización. Varias ONG, el PSOE e IU rechazaron la idea y manifestaron que provocaría un efecto llamada sobre los delincuentes extranjeros, cuya máxima pena, en caso de ser atrapados, sería la expulsión.