_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La seguridad en serio

Uno de los rasgos que mejor definen el carácter de las sociedades contemporáneas es la demanda generalizada de seguridad. Entiéndase ésta como reducción a la mínima expresión de los riesgos que pudiesen afectar a sus ciudadanos en el disfrute de sus libertades y bienes. Cataluña no es una excepción. Un planteamiento ingenuo o demasiado simplista podría llevarnos a la conclusión de que ello se consigue mediante una elevada presencia de policías en la calle. Ojalá fuese tan sencillo. Pero un mayor número de policías es poca cosa más que eso: una proporción más elevada de profesionales de la seguridad por habitante. Numerosas experiencias han demostrado que no existe una correlación directa entre la reducción de la criminalidad y un incremento del personal policial, como tampoco la hay entre el endurecimiento desproporcionado de las penas y la disminución de las delitos.

Centrémonos en el caso de Cataluña. En los últimos 15 años, las dotaciones policiales en nuestro país no han variado significativamente, aunque se insista en afirmar lo contrario. Sin embargo, los niveles de seguridad han fluctuado hasta llegar a la situación actual, mejor que la de hace una década. A pesar de que últimamente se percibe un cierto repunte, son los mismos ciudadanos los que, según la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública, evalúan la sensación de seguridad en Cataluña con una media de 7 en una escala del 0 al 10. Unas políticas de seguridad modernas y eficaces requieren un tratamiento multisectorial, horizontal y de implicación ciudadana que integre actuaciones en el ámbito de la educación, el empleo, los servicios sociales, la sanidad y la justicia. El alcalde de Barcelona ha declarado hace poco, para justificar el decremento de la plantilla de la Guardia Urbana, que las soluciones pasan por la reforma, por ejemplo, de la Administración de justicia de primer nivel y de la tipificación penal de la reincidencia. En ello coincido con él, siempre y cuando estas medidas se complementen con unas dotaciones policiales adecuadas.

John Stuart Mill escribía: 'Los principales elementos que integran una vida satisfecha son dos: la tranquilidad y el estímulo'. Estimulemos, sí, el debate sobre las acciones más eficaces para conseguir la tranquilidad colectiva, pero no confundamos a los ciudadanos con un laberinto de cifras y argumentos efectistas. Nuestra responsabilidad como servidores públicos es desbrozar el camino. Nos jugamos demasiado.

Xavier Pomés i Abella es consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_