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IU acusa a De la Torre de prevaricar al incumplir un acuerdo de expropiación

El último corrarlón de El Perchel será un bloque de siete pisos

El portavoz adjunto de IU en el Ayuntamiento de Málaga, José Luis Portillo, mostró ayer la indignación de este grupo por la propuesta del PP, partido al que acusó de 'utilizar instrumentos urbanísticos para beneficiar intereses privados y promover procesos especulativos'.

Dos acuerdos del pleno municipal determinaron que el corralón de La muñeca fuera expropiado (julio de 1998) y que fuera convertido en sede de un corral de comedias (octubre de 1997). Sin embargo, el gobierno del PP, pese a aprobar las iniciativas, no está dispuesto a cumplir ninguna de ellas y pretende imponer su mayoría el próximo lunes en el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para revocar la orden ex expropiación. Aquella decisión la adoptó la corporación por unanimidad por los incumplimientos de los deberes urbanísticos de la propiedad, dado el estado de abandono del corralón, habitado hasta hace dos meses por 19 familias, y tras el incumplimiento de la propiedad a los sucesivos requerimientos municipales para reparar la situación ruinosa del mismo.

El artículo 174 de la Ley del Suelo determina que 'en ningún caso podrá acordarse la liberación de la expropiación si la expropiación viene motivada por el incumplimiento de deberes urbanísticos'. Amparándose en este precepto, IU sostiene que no hay resquicio legal para revocar el acuerdo de expropiación y que si la corporación lo hace corre el riesgo de incurrir en un delito de prevaricación.

El equipo de gobierno llegó en octubre pasado a un principio de acuerdo con la actual sociedad propietaria del corralón, de la que forma parte el administrador, Feliciano García Recio, según el cual ésta obtendría licencia para construir un edificio de viviendas de seis plantas más baja y abonaría 50 millones de pesetas para pagar el alquiler en otras viviendas de los inquilinos. IU estima que la propietaria del edificio ganará unos 600 millones de pesetas en la operación.

Portillo acusó al gobierno municipal del PP de aplicar una plantilla preestablecida utilizada ya en otros casos: 'Se inicia una expropiación, cambia la propiedad y se suspende la expropiación y se da licencia de obras'. 'El alcalde incumple la ley para favorecer intereses privados', agregó.

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