El Gobierno andaluz anuncia que demandará a la industria tabacalera tras su negativa a negociar

La Junta está ultimando la demanda que presentará en las próximas semanas -'si no se produce un cambio de actitud por parcontra la industria tabacalera', precisó ayer el viceconsejero de Salud, Ignacio Moreno-, tras la negativa de ésta a negociar un acuerdo económico para contribuir a paliar el gasto sanitario que causa el tabaco.

El Gobierno andaluz intentará demostrar que esta industria fabrica y comercializa un producto que genera costes sanitarios que, en lugar de asumir como propios, deriva a la sociedad. Ángel López, catedrático de Derecho Civil y coordinador del equipo jurídico que asesora a la Junta en su demanda, señala que el daño lo asume 'un tercero, que lo paga de forma inmediata, esto es, la sanidad pública'.

Una sanidad pública que, según este catedrático 'ni puede prohibir el tabaco, ni a los fumadores el hábito de fumar, ni, por supuesto, las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho'. Así pues, la Junta argumenta que el coste de una actividad empresarial que fabrica y comercializa un producto nocivo, obteniendo un importante lucro, lo pagan todos los ciudadanos.

Los servicios jurídicos de la comunidad andaluza consideran que el incremento del gasto sanitario a causa del tabaquismo es 'un daño' que sufre la Administración. Un gasto que el asegurado no paga y que, además, la sanidad pública en ningún caso puede reclamárselo.

Daño económico En conclusión, según Ángel López, 'el daño' económico sólo los está sufriendo la Administración sanitaria, que puede hacer la reclamación a las tabaquera por derecho propio 'y no en sustitución o en nombre de las víctimas'.

Para los expertos jurídicos que asesoran a la Junta, la demanda de ésta no es incompatible con las que interpongan los particulares que, en cada caso, reclamarán por el daño sufrido que crean conveniente.

El que reclame un particular o la Administración ante los tribunales entraña importantes diferencias. Mientras que para el primero la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que éste demuestre que la enfermedad que padece es a causa del tabaco, 'para la Administración', explica López, 'basta con que pruebe que la nocividad general del tabaco afecta significativamente a la producción o incremento de patologías, y que esa producción le provoca costes mayores al sistema público de salud'.

Otra diferencia entre la demanda de un particular y la que va a interponer la Administración andaluza contra las tabacaleras estriba en que, mientras al particular puede achacársele que ha sido libre para fumar o no, 'a la Administración, en ningún caso, podrá acusársele de que fuma', puntualiza López. 'La Junta no reclama una reparación para ella, sino el coste económico que le supone atender el daño causado a terceros, cuya conducta no puede controlar, ni negarle asistencia sanitaria', concluye.

El argumento invocando la libertad de empresa por parte de las tabacaleras para justificar su actividad, será asimismo rebatido por la Junta ante los tribunales. El equipo de juristas que asesora a la Administración señala que 'con el daño social que causa la industria del tabaco está trasladando los costes a otras empresas, es decir, a la sanidad pública'. Argumento que da pie al Gobierno andaluz para reclamar a las tabacaleras 'su responsabilidad civil' en los daños que causan.

Por otra parte, la presidenta del PP de Andalucía, Teófila Martínez, manifestó ayer en Cádiz que con este tema Chaves hace 'anuncios de pasarela y demagógicos', informa F. Pérez Monguió.