Los municipios proyectan destinar el 50% del nuevo suelo urbanizable a vivienda protegida

En los últimos años, la construcción de vivienda protegida, en sus diversas modalidades (precio tasado, protección oficial y régimen especial) ha caído en picado. Los promotores obtienen mucho más lucro construyendo viviendas para el mercado libre, que en estos momentos tienen una fuerte demanda. Esto ocurre especialmente en la región metropolitana de Barcelona, de ahí que la ASV esté dispuesta a revisar sus pretensiones a la baja en el resto del territorio catalán, mientras que creen que en Barcelona y su entorno esta reserva de suelo es inevitable si no se quiere llegar a situaciones desesperadas.

En otras zonas, las cosas son menos graves. Hay localidades de Lleida y de Tarragona donde los pisos de precio tasado más caros tienen un coste superior a las viviendas más baratas de renta libre, explica el presidente de la sección catalana de AVS, Carles Ferré.

Los contactos con los partidos han sido, en su opinión, positivos. La izquierda ha dado el visto bueno; el Gobierno catalán ha aceptado entrar a negociar el porcentaje, en especial fuera de la región metropolitana. Los únicos que han rechazado de plano la propuesta, según Ferré, son los diputados del PP.

Este rechazo es sorprendente si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está impulsando una medida casi idéntica. El de Asturias ya la ha aprobado y el de Andalucía ha iniciado los trámites para llevar el asunto al Parlament.

También han anunciado su oposición radical a la medida los promotores de viviendas, no tanto, en cambio, los constructores.

El plazo para presentar alegaciones al proyecto de ley de urbanismo acaba el 19 de junio y todo indica que la Cámara catalana la discutirá en el periodo de sesiones posterior al verano. El asunto está en saber si el Gobierno catalán será sensible a pactar esta medida con la izquierda o sucumbirá a las presiones del PP, que no quiere oír hablar de pactos entre CiU y la izquierda.