El fiscal solicita al juez que impute en el 'caso del lino' a dos agricultores más
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de otros dos agricultores en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga ya a 43 productores y transformadores por un supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. Según informaron fuentes jurídicas, los dos nuevos acusados son las personas que llevan la gestión efectiva de los terrenos propiedad de tres de los imputados que prestaron ayer declaración ante Garzón, al que manifestaron que desconocen todo lo relacionado con las subvenciones comunitarias porque ellos no se encargaban de hacer productivas sus tierras.
Se trata de los hermanos Vicente y Ana María Cañadas, quienes aseguraron que es otro hermano suyo, Joaquín, el que lleva esos temas; y de Josefina Astilleros, una viuda que declaró que hace casi 20 años que tiene arrendadas sus tierras a un aparcero que es quien decide qué se cultiva en ellas. El juez también tomó declaración a otros dos agricultores: José Manuel Rubio y Jesús Fernández, quienes negaron las imputaciones que les hace el fiscal, que denunció la existencia de una trama basada en certificados de transformación del lino que presuntamente no respondían a datos reales.
El abogado de Fernández, un pequeño agricultor de Albacete, aseguró que el caso se sustenta en un 'error de interpretación' del ministerio público, quien entiende que cuando los inspectores de las comunidades autónomas 'reducen a cero' en sus actas de control el número de hectáreas declaradas por el productor es que no se había cultivado ninguna. Este letrado asegura, sin embargo, que lo que se reduce a cero -generalmente porque la cosecha ha sido defectuosa- es el número de hectáreas 'subvencionables', es decir, las que cumplen todos los requisitos exigidos, el principal, que hayan producido al menos mil kilos de varilla de lino.
De los cinco agricultores que declararon ayer cuatro llevaron su producción a la Compañía Linera del Centro (Colino) administrada, entre otros, por Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa, también imputado en la causa. En su escrito el fiscal afirmaba que 'no consta' que ninguno de los agricultores denunciados llegara a percibir cantidad alguna, extremo que fue confirmado ayer por todos ellos.
