Un número permanente
El mercado de las telecomunicaciones es quizá el de mayor importancia en la economía de un país industrializado, porque su funcionamiento marca la pauta de la incorporación a las exigencias básicas de tecnología de la información. Por esa razón, la decepción de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, dependiente de Economía, por el escaso trasvase de usuarios de unas compañías de móviles a otras -apenas el 0,3% de 23 millones de personas- y, sobre todo, los obstáculos que levantan las compañías a quienes pretenden cambiar de operador manteniendo el mismo número de móvil, es una pésima noticia que confirma la escasa liberalización del mercado.
Resulta que la llamada portabilidad, un neologismo que pretende definir la capacidad de un usuario para incorporar sin coste alguno el mismo número de teléfono cambiando de compañía o aparato, es un derecho reconocido desde el 25 de noviembre del año pasado. A pesar de ello, las operadoras lo mantienen en una especie de secreto, con nula publicidad -de forma que el consumidor no puede reclamar su aplicación- y, además, tampoco desarrollan estrategias de adaptación de clientes que no estén basadas en el precio. Por añadidura, las operadoras principales -Telefónica Móviles, Airtel y Amena- se dedican a obstaculizar con trámites enfadosos y maniobras dilatorias las peticiones de cambio y el mantenimiento del número original. Que es, dicho sea de paso, una práctica común a las empresas de servicios que en España operan en régimen de oligopolio, como las compañías eléctricas.
Es verdad que en el mercado de móviles se aprecian costes a la baja; pero no es menos cierto que las operadoras tienden a defender sus cuotas de mercado con prácticas poco transparentes que perjudican a los usuarios. El Gobierno, que se ha atribuido funciones de regulador, debería imponer condiciones más transparentes y favorables para los consumidores si de verdad quiere avanzar hacia la liberalización efectiva.
