La oposición rechaza el intento de UPN de controlar el mapa de los medios audiovisuales
La comunidad de Navarra reabre el polémico debate sobre la televisión digital
En lo único en que socialistas y regionalistas están de acuerdo es en que Navarra debe contar con una televisión propia. UPN y PSN-PSOE ven con recelo cuando no con abierto rechazo el tratamiento que EITB hace de la realidad política e institucional de Navarra y consideran muy insuficiente la atención que TVE brinda a la Comunidad foral a través de desconexiones diarias sufragadas económicamente con dinero procedente de los Presupuestos de Navarra.
Con poco más de medio millón de habitantes, la historia de la televisión en Navarra se limita a las emisiones locales de algunas empresas y al fallido intento llevado a cabo décadas atrás por crear un ente público de televisión foral que nunca llegó a emitir, aunque contó con director, logotipos, oficinas y presupuesto de lanzamiento.
UPN pretendía ahora regular la actividad audiovisual y radiofónica en la Comunidad foral, carente todavía de un marco normativo propio, y pretendía hacerlo atribuyendo al gobierno un control absoluto sobre la materia. Sanz había propuesto que el Ejecutivo fuera el único competente para autorizar, renovar o revocar las licencias de emisión de radio y televisión. Además, planteaba un Consejo Audiovisual consultivo compuesto por siete miembros y en el que UPN tendría la mayoría absoluta.
Como es lógico, la oposición, mayoritaria en el actual Parlamento navarro, no está de acuerdo y la constatación de su minoría llevó el pasado jueves al presidente navarro a anunciar personalmente la retirada del proyecto.
Sanz sugirió que, ejerciendo sus competencias, el Gobierno podría limitarse a adjudicar directamente la licencia de la televisión digital renunciando a alcanzar consensos globales sobre el marco audiovisual. De hecho, las bases del concurso están ya prácticamente elaboradas y la convocatoria podría hacerse en breve, según Sanz, ya que la existencia o no de un marco legal no sería un 'requisito imprescindible' desde el punto de vista jurídico o normativo, añade el presidente navarro.
Frente a esa tesis, el PSN-PSOE ha presentado una proposición de ley alternativa que desea consensuar con los demás partidos de la oposición y UPN le ha retado a que lo logre contando con el apoyo de EH. Los socialistas vieron ya cómo el pasado otoño la oposición de UPN y la abstención de EH impedía que prosperase una primera iniciativa legislativa en esta materia que atribuía a un consejo audiovisual independiente formado por 18 miembros la competencia sobre las licencias de emisión.
Ahora, el PSN-PSOE reduce a diez el número de miembros del consejo y atribuye al Parlamento foral su designación, por mayoría de dos tercios, de entre personas de relevantes méritos profesionales en los sectores audiovisual, cultural, universitario y asociativo. El presidente sería designado por el Gobierno de Navarra a propuesta de los propios consejeros, que deberían respetar un régimen de incompatibilidades.
Los socialistas, no obstante, están de acuerdo en la estructura televisiva foral diseñada por UPN. Es decir, una televisión digital de titularidad pública y cogestión privada, con cuatro canales (generalista, educativo y dos de temática libre) y un presupuesto aproximado de 1.000 millones de pesetas para la puesta en marcha y unos 1.250 millones anuales de gasto, sobre los cuales recaería una subvención pública anual de unos 400 millones para cubrir posibles déficit de explotación en la primera década.
Donde surge la divergencia de fondo es en el modelo de control. Ya la pasada legislatura el Parlamento reprobó la actuación del consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, José Ignacio Palacios, por la actuación de su departamento en la concesión de licencias de radio en frecuencia modulada, que una comisión parlamentaria de investigación consideró irregular.
Aquel agrio debate político sigue pesando en el ánimo parlamentario. El consejero permanece en el mismo cargo en esta nueva legislatura y el PSN-PSOE hace hincapié en el carácter vinculante de los informes que el Consejo Audiovisual de Navarra plantee a la hora de adjudicar licencias, renovarlas, revocarlas o sancionar a las empresas de comunicación.
