Hacienda creará una unidad especial para el control de ejecutivos de grandes empresas

La inspección de Hacienda va a cambiar tanto en su organización como en sus métodos. El próximo 1 de julio, la Agencia Tributaria quiere poner en marcha ese nuevo modelo que pretende estar más adaptado a las nuevas formas de fraude. Por ejemplo, se creará una unidad especial para el control de los directivos, consejeros y accionistas de grandes empresas que cuentan con incentivos especiales, como son stock options, bonus, usufructo o cesión de acciones o pagos en especie que se salen de lo normal. También se quiere que la nueva Ley General Tributaria permita a la inspección resolver dudas de forma preventiva, mediante un sistema similar al de las consultas vinculantes.

El nuevo esquema organizativo no quiere quedarse en un mero 'cambio de muebles', sino que se trata de poner en marcha una estructura más flexible, que actúe de manera integral en los sectores de riesgo y que tenga capacidad para la prevención del fraude. La nueva organización se mantiene dentro de la Agencia Tributaria, afecta a los servicios centrales y está previsto que se ponga en marcha el próximo 1 de julio.

La estructura actual desaparece. En concreto, la Oficina Nacional de Inspección (ONI), donde se vigilan las aproximadamente 1.500 empresas que facturan más de 10.000 millones de pesetas, se disuelve. También se elimina la actual Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que a su vez sustituyó a la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales. Ésta fue disuelta tras una denuncia por extorsión, mientras que sobre la utilidad de la ONIF existen opiniones encontradas.

Con la nueva organización se crea una División Central de Inspección, que absorbe a la antigua ONI y donde se mantendrá el control de las empresas que facturan más de 10.000 millones de pesetas. Aquí se incluirá la persecución de sectores económicos de riesgo, como el inmobiliario. La idea es que haya un tratamiento integral; es decir, que se cubra todo el proceso y no un fenómeno aislado.

Habrá una especie de censo de directivos, consejeros y accionistas individuales de grandes empresas, a quienes se les someterá a una vigilancia especial. Entre los ejecutivos seleccionados figurarán aquellos que tengan stock options (opciones sobre acciones) de cierta cuantía, acciones de la empresa, o reciban salario en especie como coches, participación en beneficios, acciones, fondos, etcétera.

Otra unidad se centrará en la vigilancia de los grupos empresariales que no presentan balance consolidado, pero en los que existe un amplio cruce de participaciones, consejeros comunes, etcétera.

Algunas de estas actuaciones ya se desarrollan ahora con más o menos intensidad y de lo que se trata ahora es de eliminar los compartimentos estancos y tener más capacidad para emprender nuevas actuaciones. Está previsto, por ejemplo, dedicar algunos efectivos al control del comercio electrónico.

Una 'UVI fiscal'

El segundo pilar es la División de Investigación y Prevención del Fraude que sustituye a la ONIF y que llevará a cabo la investigación del fraude y la selección de contribuyentes en ámbitos distintos al de las grandes empresas y grupos económicos. Dentro de esta división habrá un área específica que abarque todo el proceso: gestión, inspección y recaudación.

Se trata de que, una vez descubierto el fraude, haya garantías de que no se producen, por ejemplo, alzamientos de bienes que impidan a Hacienda cobrar las deudas. Otra unidad se volcará en una especie de lista negra que en la Agencia Tributaria se ha bautizado como la UVI fiscal donde se incluirán los grandes defraudadores, reincidentes y recalcitrantes.

Una tercera unidad actuará como una especie de consultorio cuya finalidad será prevenir el fraude. No se necesitará que exista una consulta previa, ya que la inspección podrá hacer esas aclaraciones de oficio, cuando salga un nuevo producto o se apruebe una nueva norma que suscite dudas. Este tipo de actuaciones no cuenta en la actualidad con suficiente cobertura legal, aunque se quiere incluir en la nueva Ley General Tributaria.