El sector de las tragaperras exige a la Generalitat que regule las máquinas de grúa
Las máquinas de pinza o grúa se han convertido en un peligroso competidor para las tragaperras convencionales, que sí pagan impuestos, según las empresas de juego. Todas las agrupaciones de explotadores de máquinas tragaperras se han dirigido a la Generalitat para exigir que haga cumplir la ley y para que los premios que dan las máquinas grúa sean equivalentes a las 100 pesetas que invierte el usuario. Los empresarios de las tragaperras consideran que losue poseen máquinas grúa se aprovechan de que no tributan para competir con ellas.
Las asociaciones han llegado incluso a amenazar con una campaña de 'insumisión fiscal' si no se corrige la situación y recuerdan que las máquinas tragaperras ingresan trimestralmente del orden de 5.000 millones de pesetas en las arcas públicas de la Administración catalana.
El conflicto afecta a toda España. Algunas comunidades autonónomas, como el País Vasco, Navarra o Asturias, han optado por retirar este tipo de máquinas. Otras autonomías como Galicia, Valencia o Cataluña dudan acerca de cómo legislar esta nueva realidad del sector. La diferente situación legal en las autonomías ha provocado que desde el pasado verano lleguen a Cataluña, Andalucía, Castilla y León o Extremadura gran número de este tipo de máquinas, dotadas de premios que no se ajustas a la inversión realizada. Por ejemplo, ositos de peluche con billetes de 10.000 pesetas en su interior.
La policía autonómica catalana estima que existen entre 4.000 y 6.000 máquinas grúa operativas en Cataluña, una cifra ya muy cercana de las 10.000 máquinas tragaperras o 'máquinas B' en funcionamiento. Amadeu Farré, director general de Juego, afirma que 'la Generalitat ha realizado unos 500 precintos y decomisos de estas máquinas grúa, así como diversos decomisos en los que la vía contenciosa judicial nos está dando la razón. También sometemos a gran número de máquinas a control policial y a análisis por parte del Laboratorio General de Ensayos'. 'Nosotros', sigue Farré, 'hemos trasladado al sector la propuesta de regular estas máquinas y las de entretenimiento infantil. Les proponemos que las legalicen y que les impongan las tasas correspondientes'.
El problema es que muchas de estas máquinas no tienen una referencia empresarial. En otros casos, cuando se les multa, se declaran insolventes porque están a nombre de tapaderas. 'En muchos casos estas máquinas tan sólo tienen un teléfono móvil para señalar las incidencias', afirma Amadeu Ferré.
La Comisión Nacional del Juego propició una propuesta del Ministerio de Interior a las comunidades autónomas para que las máquinas pinza fuesen consideradas como una variante de las 'máquinas A' o recreativas, con lo que quedarían equiparadas a las típicas máquinas de marcianitos. Algunas comunidades autónomas, como la Rioja, aplican ya esta propuesta. La asociación de los explotadores de máquinas pinza, Apemec, afirma que son partidarios de la propuesta de Interior, es decir, que sean tratadas como 'máquinas A' con premios en especie.
El diputado socialista Joan Ferran ha requerido en pregunta parlamentaria al Ejecutivo catalán para que explique cuál es el calendario de la Dirección General de Juego para 'normalizar' la situación atípica de esta variante de máquinas, 'ya que nada bueno puede derivarse de la actual falta de regulación', afirma.
Las asociaciones de máquinas tragaperras afirman que 'las máquinas de pinza o grúa se han convertido en un peligroso rival: los propietarios explotadores las prefieren a las máquinas de juego porque son más rentables'. Sin embargo, la Generalitat afirma que sus actuaciones policiales han reducido estas expectativas y que en las últimas semanas han detectado que muchos de sus titulares han prescindido de ellas 'para evitarse problemas'.
