El PP favoreció a los médicos y discriminó al resto del personal

La congelación salarial impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 1997 no tuvo carácter general. Su decisión política favoreció a los médicos y perjudicó al resto de los empleados públicos. El Ejecutivo hizo esa excepción con los médicos al optar por respetar el acuerdo firmado previamente por el Gabinete socialista con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), cerrado a raíz de la virulenta huelga que hizo este colectivo a lo largo de tres meses a principios de 1995. En cambio, no dio cumplimiento al pacto del PSOE con el conjunto de los empleados públicos sellado en 1994 y que, al igual que el anterior con los médicos, tenía vigencia hasta 1997.

Esas dos decisiones discordantes fueron comunicadas a los representantes de los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIG, ELA-STV y LAB en su reunión del 19 de septiembre de 1997 con el vicepresidente Mariano Rajoy (entonces ministro de Administraciones Públicas). En ese encuentro de la Mesa de la Función Pública -'acto administrativo' en el que se basa la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación sa-larial- el representante del Insalud informó de que se cumplirían los acuerdos con los médicos.

El efecto de una huelga

Ante ello, y según refleja el acta de la reunión, el representante de CC OO replicó al Ejecutivo que con esa discriminación estaba 'enseñando cuál es el camino a seguir, ya que, si bien una negociación basada en los principios de lealtad y buena fe como es la del acuerdo del 15 de septiembre [de 1994] puede ser incumplida, se respeta la que es fruto de una huelga'. El representante del Insalud justificó la discrepancia en que el pacto con los médicos se apoyaba en 'los incrementos de la actividad sanitaria y la reducción de costes en el sector'.

Ese pacto con la CESM se había cerrado tras la huelga de 1995 que durante tres meses realizaron los médicos y que bloqueó la actividad de los hospitales del Insalud. El efecto de ese largo conflicto fue que se suspendieron 600.000 consultas y se aplazaron 31.000 operaciones.

Tal como había comunicado en la Mesa de la Función Pública, el Gobierno procedió a aplicar a los 14.000 médicos especialistas dependientes del Insalud la tercera y última parte del pacto firmado por el colectivo con el PSOE. El contenido pendiente en ese fecha consistía en el reparto de 264.000 pesetas anuales de media por facultativo con el compromiso de los médicos de aumentar la actividad hospitalaria en un 5% y un ahorro similar en suministros y farmacia.