El PP y los socialistas quieren cerrar este mismo mes un acuerdo para el presupuesto de Álava

En el mejor de los casos, y teniendo en cuenta la buena voluntad de los interlocutores y que ya cuentan con la experiencia del acuerdo de 2000, la Diputación de Álava podrá aprobar definitivamente el presupuesto en marzo, porque tras el acuerdo entre los dos partidos el texto deberá pasar el trámite en las Juntas Generales, es decir, mes y medio más. Aun así, el gobierno del popular Ramón Rabanera se perfila claramente como la primera de las tres diputaciones que logrará tener aprobadas unas nuevas cuentas. También mejorará su propia marca: los presupuestos de Álava del año 2000 no se aprobaron hasta el pasado julio.

El acuerdo con los socialistas se trasladará seguramente en las próximas semanas al Ayuntamiento de Vitoria, donde el equipo de gobierno municipal del PP también busca el apoyo de los socialistas.

En la celeridad de las conversaciones influye la posibilidad de que se convoquen en fecha próxima las elecciones autonómicas. El PP y los socialistas prefieren zanjar un acuerdo en la Diputación cuanto antes porque la campaña electoral para el Parlamento vasco podría interferir las negociaciones. Por lo demás, los dos partidos ya han superado las diferencias que les separaron cuando Rabanera presentó el proyecto en el plazo reglamentario, el pasado noviembre, en contra de la voluntad expresa de los socialistas.

El PSE ya ha presentado al Gobierno foral sus exigencias para apoyar el proyecto. El año pasado, las condiciones de los socialistas se resumían en partidas que suponían un gasto añadido de unos 1.500 millones. Esta vez, no quieren cuantificar sus propuestas, pero tienen unas peticiones (más de 20) de carácter continuista. Uno de los requisitos para dar el sí al proyecto de Rabanera consiste en la concesión, de nuevo, del salario social a las personas con menos recursos, es decir, una partida similar a la que se aplica en Vizcaya y Guipúzcoa para las pensiones no contributivas.

Este año, los socialistas quieren que en Álava se aumente tanto el número de beneficiarios como la cuantía de las ayudas. El año pasado, la Diputación garantizaba un sueldo mínimo de 635.000 pesetas anuales. Las personas cuyos ingresos no llegasen a esa cantidad podían percibir el complemento hasta equipararse con esa cifra, la correspondiente al salario mínimo. En esta partida la Diputación se gastó en 2000 unos 100 millones de pesetas.

Otra de las principales exigencias socialistas se refiere a la A-68. Ahora que se ha cerrado un pacto con la empresa por el cual los alaveses circularán por la autopista con bonificaciones, el PSE pretende mantenerlo y obligará al PP a que comience a funcionar el 1 de febrero. Otras materias en que insiste el partido de la oposición son el Plan Integral de Agua, que sigue sin dar pasos adelante; una nueva ayuda para la financiación de los ayuntamientos, una oferta pública de empleo para compensar los efectos de la jornada de 35 horas, y una partida para turismo para 'trasladar la imagen de que Álava es diferente y que no necesita al nacionalismo', explicó ayer el portavoz socialista en las Juntas Generales, Juan Carlos Prieto.

Los populares han recogido esta lista con la sensación de que no habrá problemas en las negociaciones. 'Lo importante es que no esté media provincia paralizada a la espera de subvenciones', resumió un portavoz del Gobierno foral.