Rambla defiende la gestión del Consell ante los informes del Síndic y del Banco de España
Contratos "a dedo"
Vicente Rambla destacó ayer a través de un comunicado que, de acuerdo con los datos del último informe trimestral del Banco de España, "la Comunidad Valenciana ocupa el octavo lugar según la variación porcentual de la deuda en el tercer trimestre de 2000" con respecto al segundo, "situándose prácticamente en el ecuador dentro del ranking nacional". El informe del banco de emisor, que ofrece datos de las 17 comunidades autónomas españolas, revela que en ese periodo la deuda creció en ocho de ellas, se redujo en otras tantas y permaneció igual en la restante. Rambla señaló que los balances del Banco de España "reflejan en muchas ocasiones datos puntuales, atendiendo a ciertos estados coyunturales, pero no por ello la variación al final del ejercicio se tiene que ver afectada". Sin embargo, el informe del banco central muestra un crecimiento sostenido de la deuda en la Comunidad Valenciana en los últimos años, hasta alcanzar los 901.146 millones de pesetas actuales."Resulta razonable un cierto nivel de endeudamiento, que no es sino producto de la inversión realizada para superar las deficiencias o carencias existentes en la Comunidad, especialmente en materia de infraestructuras", afirmó Rambla. "El Gobierno valenciano ha apostado siempre por el desarrollo de esta Comunidad, realizando todas aquellas inversiones necesarias que lleven a la misma a ocupar los primeros puestos", añadió el consejero. "Así, gracias a las inversiones realizadas y a la bonanza económica de que estamos disfrutando en los últimos años, la Comunidad Valenciana ha sido la comunidad autónomas cuyo PIB más ha crecido a lo largo de 1999".
Pero la oposición no lo ve todo tan bonito y ayer arremetió contra el Consell del PP. Esquerra Unida reclamó a través de su portavoz adjunto en las Cortes, Joan Antoni Oltra, la dimisión de Rambla ante el "fracaso" de la política económica del Gobierno valenciano y la situación "insostenible" del endeudamiento en la Comunidad Valenciana. Por su parte, la socialista Cristina Moreno exigió "responsabilidades", en este caso en relación con el informe de la Sindicatura de Comptes.
La diputada socialista denunció que el informe del Síndic señala que el Consell realizó el pasado año una serie de contrataciones "a dedo" que sumaron 14.768 millones de pesetas. Moreno explicó que estos contratos fueron gestionados por la Administración "sin asegurar la publicidad y el derecho de cualquier empresario a concurrir". Moreno aseguró que el informe de la Sindicatura señala que los criterios de adjudicación de muchos contratos "no se han fundado en criterios objetivos" y que la oferta económica "no se ha tenido en cuenta en muchos de los casos". En algunos contratos, según la portavoz de Economía del PSPV, la ponderación de la oferta económica en la baremación del concurso no alcanzó el 5%, por lo que, denunció, "los criterios objetivos de un buen gestor, buscar el mejor precio y el mayor ahorro, no se han tenido en cuenta"."No es de recibo este tipo de contratación en pleno siglo XXI puesto que lo justo es que los empresarios puedan competir con la calidad de sus productos y sus precios y no con la relación que cada uno tenga con el poder establecido", argumentó Moreno.
También esta crítica tuvo inmediata respuesta del PP, en este caso del portavoz de Economía del Grupo Popular, Ricardo Costa, quien dijo que "si algo destaca el informe" del Síndic "es precisamente la transparencia en las contrataciones del Gobierno valenciano". Costa calificó de "increíbles" las acusaciones de Cristina Moreno, que, afirmó, "contradicen al propio informe", que "en ningún momento" dice "nada de irregularidades, enchufismo o trato de favor", informa Efe. "Al contrario, el informe dice que se ha cumplido la legalidad, que las cuentas están claras y que ha quedado garantizado en las contrataciones su publicidad, concurrencia y transparencia", subrayó.
